En el presente artículo se abordará uno de los fenómenos más interesantes que se ha evidenciado en los últimos años en la esfera política a nivel global, a saber, el auge del pentecostalismo. Un reciente estudio muestra una imagen interesante sobre los cambios en la composición de los grupos religiosos en el mundo desde 2010 a 2020, siendo que los cristianos (sin distinciones de denominación) representan el grupo religioso más grande, totalizando 2.300 millones de personas. Los musulmanes, por su parte, constituyen el grupo con mayor crecimiento en el periodo estudiado, con un aumento de 347 millones de personas, mientras que el otro grupo que demostró un aumento significativo corresponde a las personas sin afiliación religiosa[1] (Pew Research Center, 2025). A nivel regional, las estadísticas muestran una tendencia hacia el crecimiento de cristianos pentecostales en un gran número de países de América Latina y el Caribe, en tanto Venezuela no es la excepción, la situación sí adquiere matices particulares, los cuales se examinarán más adelante.
En primera instancia es necesario destacar que este artículo no es un juicio sobre la religiosidad de individuos o sectores de la sociedad, ni pretende insertarse en el ámbito de la sociología de las religiones o sus manifestaciones antropológicas. Si bien reconocemos que existe un amplio y profundo debate teórico-conceptual sobre el propio término «religión» entre académicos y expertos especializados en el área, este trabajo representa un primer acercamiento a la relación entre religión y política en nuestro país, pues trata de un levantamiento de información y datos en diversas dimensiones para comprender, entre tantas otras cosas, cuál es la situación y cómo llegamos hasta este punto. Tampoco se desarrollará en su contenido una discusión teórica sobre la modernización y secularización del Estado y su nivel de laicidad, y mucho menos se realizará una clasificación o tipología teológica del cristianismo en general, ni del protestantismo en particular. Así, el estudio tiene como objetivo caracterizar la incursión pentecostal en los últimos años con una aproximación descriptiva sobre elementos históricos, demográficos, normativos, institucionales, partidistas y electorales.
Aunque el enfoque es primordialmente histórico-documental, se utiliza una triangulación de métodos y herramientas, donde se presentan fuentes cuantitativas, una matriz de análisis comparado de los textos constitucionales y revisión de medios digitales y redes sociales para presentar un panorama general de las aristas que inciden en el fenómeno en estudio. La combinación de estos elementos permite responder las preguntas generales que motorizaron el proceso de investigación, en tanto se puede examinar de manera uniforme las disposiciones constitucionales en el periodo comprendido entre 1811 hasta 1999; dar cuenta de la relación entre religión y Estado, sus elementos doctrinarios y su configuración institucional, así como la evolución en el campo de las organizaciones con fines políticos. Además, muestran el comportamiento del fenómeno en nuestro país respecto a su trayectoria regional y, permiten ampliar información cuando los datos oficiales no se encuentran disponibles.
Si bien este recorrido es ambicioso representa un abrebocas para el desarrollo de estas dimensiones con mayor profundidad en próximos abordajes. El levantamiento realizado toma la incursión pentecostal como un fenómeno sociopolítico que no ocurre únicamente en Venezuela, sino que ha penetrado en el campo de la política a nivel mundial. Como pruebas de ello se pueden revisar los casos de Brasil con la elección de Jair Bolsonaro y las victorias de Donald Trump en los Estados Unidos de América. Como este trabajo no pretende agotar el tema, se advierte que se dejarán preguntas abiertas y elementos para la reflexión, especialmente sobre los supuestos vínculos con la derecha y la relación con organizaciones que se autodenominan de izquierda, dando cuenta de las particularidades de su expresión real en nuestro país.
El legado histórico de la colonia
En lo sucesivo, abordaremos el ámbito histórico haciendo uso de dos textos en los que centraremos el análisis: el primero, Salir de la Colonia de Vladimir Acosta, y el segundo, Contra Nuestra América: Estrategias de la derecha en el siglo XXI, una compilación de artículos publicada por CLACSO. El objetivo es resaltar los elementos constitutivos más significativos en la conformación de la hegemonía de la Iglesia católica en el continente y especialmente, en nuestro país. Adicionalmente, sentar las bases para comprender cuáles elementos han incidido en el auge del pentecostalismo, tanto en Venezuela como en América Latina; que inevitablemente tiene relación con el imperialismo estadounidense.
El proceso de colonización no nos dejó únicamente la religión cristiana, católica y papista, el genocidio de los pueblos indígenas y el racismo también son producto de una lógica de violencia con que fue impuesto el cristianismo:
Su modelo católico y papista, reaccionario, contrarreformista y en guerra declarada contra cualquier pensamiento político y religioso de carácter modernizador como era el protestantismo, ya fuese luterano o calvinista. No obstante, a su pesar, la penetración holandesa e inglesa en el siglo XVII logró imponer el otro modelo del cristianismo, el protestante, en lo esencial de base calvinista, en la América del Norte y en varias islas del Caribe. E incluso por un corto tiempo en la costa del nordeste brasileño. (Acosta, 2020, págs. 30-31)
Pese al enorme peso del dogma religioso de la Iglesia católica, caracterizada por la figura del Papa representante de Dios en la Tierra, donde los sacerdotes median lo sagrado y la interpretación de la biblia, y el destino de los fieles se encuentra predeterminado; algunos procesos de sincretismo lograron escabullirse de la brutalidad inquisitorial. Aunque de manera diferenciada, las religiones, cultos, tradiciones y mitos indígenas o africanos sobrevivieron y muchos se mantienen hoy en día (Acosta, 2020). Sin embargo, otros mecanismos fueron implementados: la expropiación de santuarios o sitios rituales paganos como lugares de apariciones milagrosas en el siglo XVI; las misiones jesuitas, agustinas y franciscanas; y posteriormente, un acercamiento a los sectores populares con la teología de la liberación.
Como la condición política de la Iglesia es ontológica y su poder es histórico, la capacidad de injerencia en la esfera política y en la vida cotidiana es enorme. La alineación con gobiernos y dictaduras de derecha, el rechazo a las revoluciones y su capacidad de negociar en última instancia, con gobiernos de izquierda dan cuenta de un acomodo de las posiciones más conservadoras para mantener el poder. Una de las cuestiones más interesantes acerca de la injerencia de la Iglesia en la vida política trata justamente del desplazamiento del catolicismo hacia “corrientes protestantes ahora en competencia sobre todo desde la segunda mitad del pasado siglo XX” (Acosta, 2020). Aunque la presencia protestante inició en el siglo XVI, en 1832 se establecieron los primeros servicios y un cementerio anglicanos, y un año más tarde se construyó en La Guaira la primera capilla anglicana en 1833. Luego llegarían pastores y misiones luteranas, metodistas, adventistas, entre otros, en 1870 se formó un Consejo Protestante principalmente para residentes alemanes e ingleses (Holland, 2011); pero no es hasta finales del siglo XIX cuando se nota la penetración de iglesias protestantes estadounidenses:
Pero en otros países hermanos la cosa parece menos clara y resulta difícil seguir la huella de esa posible presencia. En todo caso es poca o nula en Venezuela y en Colombia. Y lo que sí es cierto es que desde fines del siglo XIX empieza a notarse la presencia y la penetración de sectas e Iglesias protestantes estadounidenses, que desde un principio se ven más activas y agresivas. De todos modos, sus alcances son por entonces limitados. Al parecer esa presencia se siente en México y Centroamérica. También se la percibe en Perú y en Chile, donde por cierto los pentecostales aparecen desde las primeras décadas del siglo XX. (Acosta, 2020, p. 178).
La herencia colonial se conjuga con la injerencia política, económica, social y cultural de Estados Unidos en el continente. Lo que ha sido catalogado como un giro a la derecha o de un nuevo ciclo político responden a una estrategia transnacional articulada en varios planos: en lo económico, la recomposición y profundización del modelo neoliberal, que van de la mano de la financiarización y transnacionalización de las economías; en lo político, la reconfiguración de la correlación de fuerzas tanto nacional como regionalmente, combinando la promoción de alianzas y mecanismos institucionales con instrumentos jurídicos como el lawfare. En el ámbito geopolítico, la rearticulación del rol de Estados Unidos de América en un intento por recuperar posiciones hegemónicas que habían sido debilitadas durante los primeros lustros del siglo XXI y así reeditar la doctrina Monroe. Mientras que en el ámbito cultural encontramos múltiples conjugaciones como la construcción social de las amenazas en torno a la migración, las organizaciones criminales, el narcotráfico, los grupos de izquierda y los gobiernos progresistas y/o socialistas. Lo religioso, los espacios de culto y de fe y las lógicas de poder de algunas instituciones religiosas forman parte de las estrategias de dominación en este ámbito.
Estrada plantea que las iglesias pentecostales se han convertido en movimientos políticos, ya que articulan identidades alrededor de la defensa de la tradición, la familia, la propiedad y la moral, con lógicas económicas basadas en el emprendimiento y una construcción de narrativas y subjetividades particulares. Este devenir permite a los sectores de derecha acumular fuerzas en segmentos de la población mucho más empobrecidos o con mayores condiciones de vulnerabilidad. Aquellos sectores donde los partidos tradicionales pueden tener mayores dificultades para llegar, bien sea por condiciones socioeconómicas o por agotamiento del discurso empleado por los dirigentes de los partidos.
Así, Vladimir Acosta apunta que el conservadurismo religioso es el instrumento cultural más eficaz del imperialismo estadounidense, pero su avance también ha sido propiciado por las derrotas de la izquierda latinoamericana y el terreno ganado por la extrema derecha. Aunque en este trabajo no se profundizará en el tema del conservadurismo, se debe destacar que, en otro texto publicado por CLACSO, se presenta como una reacción de los grupos de poder a la agencia y capacidad de acción de las clases subalternas, donde la beligerancia de las clases populares y lo popular amenaza el statu quo y el orden político, económico, social, cultural y simbólico (Díaz Arias et al, 2026). En este sentido, Jairo Estrada resalta lo siguiente:
Las estrategias de la derecha cuentan en la actualidad con bases sociales más consistentes, que han hecho de sus proyectos también proyectos de masas. A la ya señalada extensión a los sectores más pobres de la población, se le adiciona la influencia en sectores medios de la población, con marcada tendencia a la asunción de posiciones conservadoras. (Estrada et al., 2020, p. 42).
Es paradójico que este proceso haya desencadenado una situación donde las iglesias pentecostales reproducen posiciones conservadoras que históricamente habían sido defendidas por la Iglesia católica. Si uno de los problemas que perviven de la colonia, como lo señala Acosta, trata del influjo de la Iglesia en la política, frente a la pérdida de hegemonía de la religión católica en la región y el avance de otros grupos religiosos protestantes, especialmente pentecostales, ya no estamos de cara a un único protagonista. En este sentido, Estrada afirma que no es una novedad, sino parte de un proceso que inició hace décadas con la participación de grupos conservadores y de derecha e intereses que superan las fronteras nacionales. Como proyecto de dominación, el imperialismo estadounidense ha ensayado diversas estrategias, entre las que se encuentra el conservadurismo religioso. Gran parte de su éxito tiene que ver con el hecho de que las iglesias evangélicas han logrado brindar seguridad y respaldo a sus seguidores en medio de la decadencia de la política y de las profundas crisis que azotan nuestras sociedades.
Tendencias regionales de la afiliación religiosa
En América Latina y el Caribe la identidad religiosa se ha transformado en las últimas décadas: la intensidad de la identidad católica en la región es menor debido a una disminución del número de católicos, el fortalecimiento de personas evangélicas y el incremento de personas sin religión (Rodríguez Cuadros, 2019). Un estudio sobre el cambio religioso entre 2010 y 2020 muestra que en América Latina y el Caribe el cristianismo representa aproximadamente el 85% de las personas que viven en la región y, aunque el crecimiento poblacional se ubicó en 9,8%, no quiere decir que en términos porcentuales el cristianismo se sostenga, sino todo lo contrario. La diferencia es negativa respecto al 2010 (de -5,5 puntos porcentuales) mientras que hay más personas sin afiliación religiosa (+4,1 puntos porcentuales de diferencia) y un pequeño incremento (+1,4 puntos porcentuales) de personas que se identifican con otras religiones.
Imagen 1. Distribución de la población por afiliación religiosa en América Latina y el Caribe, 2010-2020
Aunque en la tabla anterior no se presentan datos desagregados por denominación dentro del cristianismo, otros sondeos indican que el fenómeno de cambio de identidad religiosa, que muchas veces es referido como conversión y/o reversión, muestran procesos de tránsito de una confesión a otra o de desafiliación religiosa, que es predominante en aquellas personas que nacen en hogares cristianos y son criados como tales (Pew Research Center, 2025). De esta forma, para el año 2014 ya se observaba un aumento de las personas protestantes y de personas que no profesaban ninguna religión (véase Gráfico 1). Sobre este punto se deben realizar algunas consideraciones en tanto dentro del protestantismo cristiano existen varios subgrupos o familias: luteranos, presbiterianos, reformistas, anglicanos, anabaptistas y menonitas, adventistas, evangélicos pentecostales, bautistas, movimientos de avivamiento, carismáticos y no denominacionales, entre otros.[2]
Diversos artículos sugieren que el comportamiento de la afiliación religiosa en la región muestra un crecimiento de personas creyentes sin pertenencia institucional a una iglesia particular. Este asunto apunta hacia el abandono de prácticas tradicionales, pero no necesariamente habla de un abandono de lo religioso, pues muchas de estas personas tienen creencias que no responden a las grandes religiones o categorías clásicas o que albergan búsquedas espirituales y creencias que transgreden elementos doctrinales cerrados (Pastorino, 2023). Una de las cuestiones bien establecidas en la bibliografía consultada trata sobre las particularidades entre la religión o creencias vividas y el ámbito de lo instituido, así que la falta de afiliación religiosa gira en torno a las relaciones y compromisos con las instituciones que con la fe per se. Según datos de Latinobarómetro, los cuales son un poco más recientes, “los países con un mayor porcentaje de personas sin religión son Chile (36,5%), Argentina (37,2%) y Uruguay (41,2%)” donde los evangélicos representan una minoría frente a un engrosamiento de personas sin afiliación religiosa (Pastorino, 2023).
Si bien las tendencias regionales dibujan un paisaje general, existen particularidades en algunas subregiones, entre los que destaca algunos países de Centroamérica como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala; al interior de cada uno de estos países el retroceso del catolicismo puede responder a diversos motivos. Hoy en día se menciona el cambio generacional como una forma de anunciar el cambio en patrones de vida y de consumo, aspiraciones y expectativas, pero este se expresa en factores demográficos tangibles y comprobables como edad, fecundidad y mortalidad. Dichas variables inciden en la composición de los grupos religiosos, por ejemplo, las personas sin afiliación religiosa es el grupo más joven con una media de edad de 28 años, mientras que el cambio o conversión de religión puede ocurrir generalmente en la adultez, teniendo una media mucho mayor y un rápido crecimiento en la región (Pew Research Center, 2025). Sin embargo, las variables demográficas no explican por sí solas la totalidad de los cambios que se vienen gestando: el crecimiento de otras religiones frente al declive del catolicismo, que sigue siendo la religión mayoritaria en América Latina.
Caracterización de la religión en Venezuela
En los censos realizados en Venezuela no hay preguntas específicas sobre identidad o afiliación religiosa, los datos que se manejan desde hace años corresponden a resultados de encuestas y estudios especializados. No obstante, es indiscutible el hecho de que Venezuela es predominantemente católica desde la época de la colonia, representando más del 70% en la actualidad. Si bien no podemos presentar un cuadro comparativo para observar cómo se han conformado los grupos religiosos a lo largo del último siglo debido a la ausencia de datos censales, se destacan a continuación una serie de elementos que apuntan hacia su caracterización con la información levantada en otros estudios, medios digitales y portales oficiales de algunas iglesias que hacen vida en el país.
En el Gráfico 2 se puede observar la disminución en la afiliación católica a partir de la década de los setenta, después de mantenerse por encima del 90% durante gran parte del siglo XX. De esta manera se puede decir que Venezuela se encuentra en un proceso de diversidad religiosa avanzada, donde el catolicismo se eleva por encima de la mitad de la población y se observa mayor presencia de otras religiones, especialmente en grupos con afiliación evangélica (Parker, 2025); siendo que, para el año 2014 uno de cada siete venezolanos había pertenecido a la religión católica, habiéndose convertido o dejado la religión y el 56% de los protestantes reportaban haber sido criados como católicos (Pew Research, 2014).
Otro asunto que destacar trata sobre la brecha en los niveles de práctica religiosa entre católicos y protestantes, en todos los países de la región los protestantes muestran niveles más altos de compromiso religioso. Ahora bien, para el año 2014, Venezuela era el país con la brecha más alta (39 puntos) en tanto el 49% de los protestantes frente al 10% de los católicos indicaron rezar a diario, asistir a servicios religiosos al menos una vez a la semana y consideraban que la religión es muy importante en sus vidas; que también se extiende a la participación en el trabajo caritativo (Pew Research Center, 2014).
En el texto Religiones en América Latina: La gran transformación, se señala que la pérdida de confianza en la Iglesia ha sido inexistente, pero un análisis un poco más detallado de los datos presentados refleja que el porcentaje de personas bajó de manera significativa en el año 2010 respecto a la década anterior, aunque posteriormente se recuperó en 2023 (Parker, 2020). El comportamiento puede atribuirse a una serie de factores que tienen que ver con la política nacional y la relación tumultuosa con la Conferencia Episcopal Venezolana durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, ocurre un proceso interesante, aunque la confianza ha disminuido en comparación con décadas anteriores, la iglesia sigue estando entre las instituciones con mayores niveles de confianza, por encima del gobierno, partidos políticos, instituciones del Estado, etc.
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la afiliación religiosa de la población ni de la cantidad de iglesias y templos de confesiones no católicas, un informe acerca del ministerio con niños y jóvenes en Venezuela señala que para el 2018 había 14.938 iglesias protestantes, anglicanas e independientes en el país, indicando que hay organizaciones protestantes que son referentes para otras iglesias (One Hope, 2018). En cuanto a los Testigos de Jehová, la institución religiosa señala que hay más de 139.000 evangelizadores y más de 1.700 congregaciones, con una proporción de 1 testigo de Jehová por cada 206 habitantes[3]. Respecto a la comunidad judía, no alcanzaba el 1% de la población para 2011 según resultados de GIS XXI (Aguirre, 2012); la fundación de la Asociación Israelita de Venezuela se produjo en 1930. Aunque en Venezuela las diversas instituciones religiosas, sobre todo aquellas instituciones o asociaciones de las grandes religiones se establecieron en el país hace décadas, el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez permite legalizar a muchas, por ejemplo, en 1969 el Centro Islámico de Venezuela como la primera institución islámica en el país[4], y el Consejo Evangélico de Venezuela en 1973. En cuanto a la Conferencia Episcopal Venezolana, nace a partir del Concilio Vaticano II, siendo aprobados sus estatutos en 1973.
Habiendo realizado una breve descripción de la composición de los grupos religiosos, especialmente, de las grandes religiones en Venezuela, se debe acotar que la dispersión o ausencia de información es más grave si se quiere saber estadísticas sobre otras religiones, cultos o instituciones ancestrales, especialmente aquellas vinculadas a las poblaciones afrovenezolanas y los pueblos indígenas. Se puede afirmar con confianza que los datos presentados en este apartado no dan cuenta del comportamiento ni distribución reales de los grupos religiosos, la cantidad de instituciones religiosas registradas está subrepresentada y la información sobre las variables demográficas que son transversales o interseccionales al fenómeno de la identidad religiosa no se encuentran disponibles o en el mejor de los casos, están desactualizadas. Por ello, destaca la necesidad de rescatar y mejorar la política de acceso público a la información y datos oficiales por parte de los entes y órganos del Estado con competencia en la materia.
Lo normativo-constitucional
Una revisión de las disposiciones referentes a la libertad religiosa, la relación entre religión y Estado, la regulación de los cultos y el patronato eclesiástico en las constituciones de Venezuela desde 1811 hasta 1999[5], muestra un punto de partida diametralmente diferente puesto que en la Constitución de 1811 declara que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado y “la única y exclusiva de los habitantes de Venezuela” (art. 1). La evolución de la libertad religiosa como derecho individual frente al Estado tiene un desarrollo particular marcado por reformulaciones y algunos silencios. En un primer momento la religión forma parte del orden político y está ligada a la moral pública e identidad de la I República, en 1864 aparece la libertad religiosa pero continua el privilegio católico con restricciones sobre el culto público de las demás confesiones y luego, encontraremos que se introduce la vigilancia estatal (especialmente del Ejecutivo) sobre los cultos, permaneciendo así durante buena parte del siglo XX.
Otro asunto que destacar trata del Patronato Eclesiástico, en las Constituciones de 1864, 1874, 1881, 1891 y 1893, se afirma que la Nación se encuentra en posesión de este derecho, donde el Estado conserva facultades históricas sobre la Iglesia. La autonomía religiosa frente al poder político se conjuga en la Constitución de 1947 como libertad de conciencia, libertad de cultos y establece que “nadie podrá ser obligado a declarar su creencia religiosa o su ideología política” (art. 39), privilegiando la esfera intima de las convicciones. Este recorrido nos lleva a destacar algunas disposiciones que dan cuenta del legado colonial en la construcción del Estado y en la noción de Nación. En 1811 se contemplaba proporcionar a los «indios» escuelas, academias y colegios para enseñarles religión, moral, política, ciencias y artes útiles (art. 200), mientras que en 1914 el Estado podía impedir la entrada de extranjeros dedicados al servicio religioso, al tiempo que tenía la potestad de contratar misioneros para establecerlos en los lugares donde “hay indígenas que civilizar” (art. 80, núm. 18).
Afortunadamente, el reconocimiento de la libertad religiosa y cultural progresó desde estas formulaciones evangelizadoras hasta una conjugación progresiva de los derechos y libertades tanto individuales como colectivos. Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece los derechos, libertades y garantías fundamentales reconocidos tradicionalmente, de la mano con una ampliación de los derechos sociales y la obligación de implementar medidas afirmativas en materia de derechos humanos. Los principios de progresividad, no discriminación y respeto por la dignidad humana (art. 19, 20 y 21) cobijan un profundo espíritu social que reconoce a otros sujetos que habían, hasta entonces, quedado al margen del Estado. La Carta Magna establece la libertad de religión y de culto (art. 59), garantizando el derecho a profesar la fe o culto, manifestar las creencias y prácticas religiosas, la enseñanza y educación de acuerdo con las convicciones, así como la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas. La previsión de este artículo, como lo señala Allan Brewer Carías, estipula que “nadie puede invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos” (2002, p. 640).
La libertad religiosa se complementa con el derecho a la libre expresión del pensamiento (art. 57), que además de garantizar la expresión de ideas y opiniones, prohíbe cualquier tipo de mensajes discriminatorios, la intolerancia religiosa y la apología del odio nacional, racial y religioso. En materia de libertades, otro aspecto que destacar trata sobre derechos colectivos de sectores de la población que habían sido invisibilizados: el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que contempla las formas de organización de diversa índole, costumbre, idiomas, religiones y tierras (art. 119), así como el derecho “a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto” (art. 121).
Queremos destacar ciertas contradicciones dentro del texto constitucional, teniendo en cuenta que el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana enunciado en el preámbulo choca con la aspiración de unidad e indivisibilidad del pueblo venezolano expresado en el artículo 126. Sin embargo, las mayores trabas que los pueblos y comunidades indígenas enfrentan no son exclusivas del ámbito normativo, sino que responden a lógicas y prácticas que vulneran sus derechos y el cumplimiento del mandato constitucional. Si bien no ahondaremos en la serie de factores y condiciones que amenazan el goce efectivo de sus derechos y el respeto por sus formas de organización, idiomas, espiritualidad y cosmovisiones, en este análisis se han mencionado aspectos que dan cuenta de una historia de violencia, opresión y discriminación hacia los pueblos originarios que se mantienen en nuestros días en diversas esferas. Lamentablemente, estas se extienden también a las comunidades afrovenezolanas, grupos con espiritualidades no hegemónicas, y sectores con identidades y creencias no doctrinarias.
Lo institucional
En el ámbito institucional, encontramos que en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz existía una Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos adscrita al Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, por lo menos desde el 2014[6]. Sin embargo, el 31 de enero de 2025 se anunció la creación del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos[7], su importancia radica en que esta es la instancia con competencia para la solicitud, tramitación, inscripción, registro y recepción de denuncias en materia de asociaciones civiles de carácter religioso y reconocimiento de instituciones ancestrales. Recientemente, se creó una plataforma digital para la tramitación del visto bueno e inscripción de instituciones religiosas y certificación del registro ancestral, para garantizar el acceso a la personalidad jurídica de las instituciones religiosas que permite adquirir bienes muebles e inmuebles, recibir donaciones, acceder a políticas públicas y exoneración de impuestos, y establecer alianzas con otras entidades[8].
Sin embargo, podemos observar que algunas instancias administrativas de carácter evangélico no fueron creadas recientemente, tal es el caso del Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instancia adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa que está próximo a cumplir 19 años desde su creación[9]. Gracias a una sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se puede rastrear información sobre su origen a partir de una solicitud del personal que profesaba la religión cristiana evangélica de crear una capellanía evangélica dentro el Ministerio de la Defensa. Si bien no había ningún tipo de impedimento legal para crearla, algunas instancias alegaron que el 90% de los integrantes de la FANB profesaban la religión católica y los costos para su creación no estaban contemplados en el presupuesto anual; al considerar que la decisión basada en estos argumentos vulneraba sus derechos, los solicitantes interpusieron ante el TSJ un recurso de nulidad y acción de amparo constitucional.
Lo interesante del caso es que la Sala admitió el recurso contencioso-administrativo, pero declaró improcedente el amparo cautelar debido a que consideró que no se estaba violando el derecho a la libertad de religión, pues la creación del Consejo Pastoral Evangélico (anterior al visto de todas las partes y por consiguiente a la decisión del magistrado ponente), satisfizo las solicitudes de los fieles evangélicos en la institución militar[10]. La sentencia permite observar cómo la libertad religiosa se aplica dentro de las instituciones públicas para garantizar el ejercicio de las creencias. Teniendo en cuenta que el Estado no puede privilegiar una religión sobre otra, la cuestión se volcaba hacia la obligación de crear condiciones materiales e institucionales para la práctica religiosa que tenía implicaciones sobre la efectividad del derecho a la igualdad y la manifestación de las creencias.
Tras la creación de una unidad administrativa con mayor rango dentro del ministerio de relaciones interiores hay elementos que valen la pena mencionar: el Ejecutivo tiene el deber de adaptar la estructura organizativa a las directrices y políticas del Estado y la necesidad del Estado de aumentar la capacidad institucional con la debida instancia, suficientes recursos y talento humano para gestionar un crecimiento sostenido de algunos grupos religiosos y sus expresiones asociativas o corporativas durante los últimos años. Pero también hay un reconocimiento implícito de la capacidad de las instituciones, cultos, iglesias y organizaciones religiosas para establecer redes territoriales y comunitarias, movilizar a individuos y sectores de la población, coadyuvar en actividades de asistencia social y brindar redes de atención y contención frente a la crisis multidimensional que ha afrontado el país.
Existe también un delicado equilibrio que mantener que no se circunscribe únicamente al cumplimiento del mandato constitucional y la aplicación de la ley, sino que incide en la administración de los recursos públicos, la racionalización del Estado y en el uso político de la religión por parte de funcionarios, dirigentes y partidos políticos. No obstante, el elemento que consideramos de mayor interés trata sobre el potencial que tienen algunas confesiones y sus instituciones religiosas de construir narrativas e imaginarios en torno a la política y los problemas sociales.
Lo partidista-electoral
El interés por la identidad religiosa en la política toma un matiz muy interesante cuando nos adentramos en el ámbito partidista-electoral. La cuestión tiene antecedentes tempranos: ya en 1811 aparece el sacerdote José Joaquín Liendo y Larrea como presidente del llamado Club de los Sin Camisa, una expresión radical dentro de la Sociedad Patriótica vinculada al proceso independentista; en el siglo XIX, lo político y lo religioso aparecen explícitamente asociados, pero no constituyen todavía una política partidista de inspiración cristiana en el sentido moderno (Urbaneja y Magallanes, s.f). La mayoría de los autores consultados resaltan la transformación que ocurre luego de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y que se venía gestando desde 1920 y 1930. Por una parte, como respuesta a la represión generalizada y el exilio de dirigentes políticos y estudiantiles, y por otra, debido a la circulación de ideas y corrientes de diversa índole, entre las cuales se encontraba la doctrina social de la Iglesia.
Los principios sociales de orientación cristiana pueden rastrearse hasta la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que nació en 1936 a partir de la división de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que se oponían a la expulsión de los jesuitas y de otras órdenes religiosas del país. Entre los antecedentes de la creación del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) en 1946, se encuentra la defensa explícita de la presencia de las instituciones religiosas en la sociedad venezolana, el pensamiento conservador y la distancia “de la influencia hegeliano-marxista”[11]:
Desde el punto de vista ideológico, la línea que culmina en COPEI se inspira doctrinariamente en el pensamiento social de la Iglesia, pero mucho de su contenido social concreto, mucha de su clientela política real viene, al comienzo, de sectores sociales conservadores, que poco saben de socialcristianismo. Sin embargo, esa inspiración doctrinaria servirá de base para una acelerada evolución posterior de dicho partido en un sentido popular (Urbaneja y Magallanes, s.f.).
Así, destaca el proceso en el cual algunas corrientes del catolicismo social conjugaron una nueva cultura política en Venezuela, contando con una base social predominantemente conservadora, católica y andina. Aunque COPEI se basa en el humanismo cristiano nace como partido no confesional y autónomo, pero con gran influencia de la Iglesia católica, evolucionando con un carácter mucho más popular y menos conservador, para configurarse como una organización con una propuesta específica en el ámbito político y establecerse como uno de los más importantes partidos democratacristianos del continente (Díaz Arias et al., 2026). De esta manera, COPEI llegó a la presidencia en dos ocasiones: en el periodo de 1968-1974 durante el primer gobierno de Rafael Caldera y 1978-1983 en el mandato de Luis Herrera Campins.
Como se ha mencionado anteriormente, la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez abre el campo político y produce un proceso de institucionalización democrática que permite acceder a la personalidad jurídica a instituciones y asociaciones religiosas, tal es el caso de la Conferencia Episcopal Venezolana y el Consejo Evangélico de Venezuela, ambos legalizados en 1973. En la esfera política, no solo se genera un ambiente de concertación con acuerdos entre organizaciones y gremios, sino que 1958 marca el inicio de la partidocracia en Venezuela, que se acabaría a finales de siglo XX con la elección de Hugo Cávez Frías (Koeneke, 2015).
En sus expresiones partidistas, actualmente existen organizaciones con fines políticos que se denominan abiertamente evangélicas en ambos lados del espectro político, tal es el caso de Esperanza por El Cambio, creado en 2018, y NUVIPA que defiende el nacionalismo cristiano, creado en 2012, ambas organizaciones forman parte de la oposición. Mientras que Organización Renovadora Auténtica, mejor conocida como ORA, fue creada en 1987 y es el primer partido político de este tipo en Venezuela, que forma parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar desde el año 2013. En los últimos tres procesos electorales El Cambio consiguió un escaño en la Asamblea Nacional y 5 autoridades en cargos de elección popular a nivel municipal, mientras que ORA consiguió un diputado electo a la AN en mayo de 2025 (Salazar, 2026). No obstante, el número de autoridades electas puede estar subrepresentado debido a dos cuestiones fundamentales: por una parte, el Consejo Nacional Electoral no ha proporcionado un listado oficial de legisladores estadales y tampoco suele desagregar la información de acuerdo con partido político, siendo que muchas veces, la autoridad electa es reflejada con el nombre del partido hegemónico o con mayor peso en la alianza política[12].
Durante el desarrollo de la primera fase del proyecto Atlas de la representación, que consistió en el levantamiento de la información sobre 3.291 autoridades electas en cargos de elección popular, se observaron tendencias interesantes en torno a la identidad y afiliación religiosa de las y los candidatos en las dinámicas partidistas-electorales. Adicionalmente, es de suma importancia investigar la posible incidencia que la identidad y afiliación religiosas tienen en la gestión pública a nivel regional y municipal, puesto que es de carácter público la inclusión de manifestaciones religiosas en actos institucionales con mayor frecuencia en los últimos años. Un ejemplo de este tipo de eventos trata sobre el caso del Consejo Legislativo del estado Bolívar, donde las sesiones de este cuerpo deliberativo están caracterizadas por las manifestaciones religiosas de la afiliación pentecostal de sus integrantes[13].
El caso Bertucci
Un caso que refleja la incursión pentecostal en la esfera política y su impacto en las dinámicas partidistas-electorales en esta última década trata de la postulación de Javier Bertucci a las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Antes de su incursión, Bertucci era un pastor evangélico fundador de la Iglesia Cristiana Maranatha Venezuela, que inició en Valencia en 1999 y actualmente cuenta con la asistencia de 16 mil personas[14]. Siendo un outsider, logró una hazaña impresionante al movilizar un contingente significativo de electores, fue el candidato no oficialista que creció de forma más rápida, recibiendo un total de 1.015.276 votos, que representaban el 10,82% del padrón electoral (Misión Permanente de Venezuela ante la OEA, 2018). En el año 2024, Bertucci oficializó su segunda candidatura presidencial afirmando que “la fe en Jesucristo puede cambiar un país y que la fe cristiana puede generar la reconstrucción social y la recuperación de los valores de la sociedad” (EFE, 2024).
Frente a la pregunta «¿de dónde salió el millón de votos de Bertucci?» se debe realizar un análisis especifico y mucho más detallado para rastrear el origen, tendencias electorales y político-ideológicas, así como la posible adscripción partidista de las personas que votaron por Javier Bertucci en ambos comicios. Además, existe un antecedente, Eusebio Méndez, candidato presidencial en las elecciones de 2013 por Nueva Visión para mi País (NUVIPA) obtuvo 19.497 votos (el 0,13% de los votos escrutados), contra 7.586.251 a favor de Nicolás Maduro y 7.361.512 por Henrique Capriles Radonski (Consejo Nacional Electoral, 2013). Teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales han sido tan controversiales desde el fallecimiento de Hugo Chávez, ya que han estado marcadas por un halo de opacidad y altos niveles de polarización política, se debe profundizar en estudios particulares que permitirían determinar la evolución del voto evangélico en los procesos electorales recientes. En este sentido, el caso Bertucci representa un hito debido al crecimiento y acumulación de fuerzas, pero también porque a partir de ese momento se puede observar de manera marcada una política de captación por parte del partido en el gobierno y medidas específicas de atención del Estado orientadas a los de los grupos evangélicos.
Acercamiento interreligioso
En la búsqueda de información en medios digitales se pueden resaltar algunos hechos que dan cuenta del acercamiento por parte del gobierno a los diversos grupos religiosos. A finales del año 2019 se decretó cada 15 de enero la celebración del Día Nacional del Pastor[15] y la presencia de pastores y predicadores evangélicos en actos públicos desde Miraflores, o en alocuciones presidenciales se hizo más frecuente. En dicho año se pusieron en marcha medidas para atender a las instituciones religiosas, siendo que en el periodo de 2019 a 2023 fueron intervenidas 1.944 espacios religiosos, a saber, 567 iglesias católicas y 1.377 templos evangélicos, en el marco de la Misión Venezuela Bella (Carvajal Arroyo, 2023). A partir de las declaraciones realizadas en una alocución pública sobre el alcance de dicha misión, se puede inferir que para entonces habían alrededor de 1.575 iglesias católicas y casi 23.000 templos evangélicos registrados en el sistema del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Si bien esta estimación no reemplaza un censo formal, permite hacernos una idea sobre la magnitud del fenómeno.
Posteriormente, en un encuentro con representantes religiosos en noviembre de 2023 el presidente Nicolás Maduro anunció la realización de un censo nacional de religiones de Venezuela, además de la creación de un Instituto Nacional de Asuntos Religiosos y Cultos, y de una universidad nacional interreligiosa (EFE, 2023). Varias cosas resaltan de este ejemplo: por una parte, el reconocimiento de la necesidad de conocer la composición de los diversos grupos religiosos a través de un censo. Por otro, la movilización de un sector que congrega a un segmento importante de la población a través de ejecución de programas y proyectos de diversa índole. Puesto que dicho encuentro se realizó un par de semanas antes del referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023 sobre el Esequibo, pudo corresponder a una estrategia electoral centrada en las demandas del sector a cambio de sumar apoyo y dar legitimidad al referéndum. Cabe destacar que el proceso establecido por el CNE previo a la votación incluía la manifestación pública de adhesión a la propuesta; siendo que para la fecha el órgano electoral había anunciado que “615 grupos religiosos han formalizado su adhesión al referendo no vinculante del próximo mes” (EFE, 2023).
Asimismo, a principios de ese año, en el marco del Encuentro por el Día Nacional de la Pastora y del Pastor Cristiano Evangélico, se anunciaron una serie de programas en beneficio de grupos evangélicos que incluía casas de alimentación, donaciones, ayudas sociales, fomento de espacios de encuentro entre diferentes denominaciones cristianas, subvenciones para equipamiento de templos, y acceso a la radiodifusión. Estos programas han sido cuestionados por grupos católicos y otros grupos evangélicos que no son tan cercanos al partido oficialista debido al posible uso político de la religión por parte del gobierno y por su carácter partidista (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, 2023). Si bien existen ciertos parámetros en el uso de los fondos públicos que se destinan a las instituciones religiosas, históricamente el Estado venezolano había subvencionado o subsidiado actividades, instituciones o agrupaciones católicas; cuya relación se rige por el concordato de 1964.
A lo largo de este apartado se ha destacado una serie de acciones que demuestran el acercamiento del gobierno hacia diversos grupos religiosos. Sin embargo, las formas que adquieren este fenómeno no son homogéneas ni universales hacia la diversidad de instituciones religiosas y cultos en el país. Una prueba de ello trata de la relación histórica con la Iglesia católica o el Vaticano, o los matices que tienen las relaciones con subgrupos o familias dentro del protestantismo desde su incursión en el siglo XIX y particularmente, con las instituciones pentecostales después de la década de los 40. Se ha realizado un esfuerzo por visibilizar dinámicas de lo que se podría catalogar como «clientelismo confesional», a saber, las medidas y acciones dirigidas por parte de actores políticos para movilizar, captar, cooptar y beneficiar a sectores religiosos a cambio de legitimidad política y territorial, especialmente en contextos electorales o en situaciones de mayor agitación y/o movilización partidista.
Progresión en el contexto actual
El declive de la hegemonía de la Iglesia católica muestra un acelerado crecimiento de los grupos evangélicos y nuevas dinámicas en la disputa por la atención del Estado, una nueva configuración en la correlación de fuerzas entre organizaciones con fines políticos y redes clientelares en los grupos religiosos que merecen ser abordados con profundidad. En tanto la literatura consultada demuestra la mediación de las iglesias pentecostales en el campo político y electoral es referida como una estrategia de la derecha, en nuestro país presenta un escenario sui generis, donde el partido oficialista (que en sus inicios fue concebido como una organización política de carácter socialista) ha desarrollado una estrategia de captación y cooptación de sectores evangélicos después de las elecciones de 2018. Teniendo en cuenta las formulaciones nominales y el decurso de su política en el ejercicio de poder, vale la pena analizar cómo se ha traducido la mediación entre los grupos evangélicos por parte de una organización, que en principio se alineaba con la izquierda y que hasta el momento sigue defendiendo los postulados del proceso bolivariano.
Aunque el inicio de las alianzas y confraternidades evangélicas en América Latina data de los años 40 y su presencia en cada nación es particular, se puede indicar que la creación de iglesias pentecostales en Venezuela se remonta a principios del siglo XX con el trabajo pentecostal independiente y la llegada de reverendos estadounidenses (Holland, 2011). También es importante resaltar que existen grandes organizaciones que son referencia para ministerios e iglesias evangélicas que presentan dinámicas particulares en el tipo de pentecostalismo que existe en el país (One Hope, 2018) que no solo inciden en procesos de financiación sino en las redes que se conforman entre mega-iglesias y una amplia gama de actores.
En los últimos años el gobierno ha implementado una política de acercamiento interreligioso que ha tomado un rumbo singular después de la incursión militar de Estados Unidos de América en territorio venezolano el pasado 3 de enero de 2026, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores de Maduro, diputada a la Asamblea Nacional. Un próximo trabajo ahondará en su conceptualización, características y los vínculos con fenómenos conexos y actores internacionales; con matices e implicaciones particulares en el contexto político actual. Sin embargo, se puede mencionar la influencia de grupos específicos, visitas de figuras del pentecostalismo estadounidense y presencia de organizaciones internacionales de naturaleza protestante, sobre todo en el contexto post terremotos.
A modo de conclusión
En Venezuela no es de extrañar que se nombre a Dios o se invoque a la religiosidad del pueblo en el campo político. Si hiciéramos un ejercicio de memoria, vendrían a nuestra mente momentos y recuerdos que expresan esta línea difusa entre religión y Estado, religiosidad y gobierno, fe y partido. Bien conocidas son las imágenes de Jaime Lusinchi o Rafael Caldera con el Papa Juan Pablo II, o de Hugo Chávez con el crucifijo, o la frase «Dios proveerá» de Nicolás Maduro frente a la Asamblea Nacional. Una búsqueda rápida muestra a María Corina Machado rezando el rosario en una transmisión en vivo, o a la presidenta encargada junto a reverendos de otros países.
La matriz de disposiciones constitucionales refleja un asunto similar: la desaparición de la religión oficial o de los privilegios de cierta confesión, no implica la desaparición de Dios del lenguaje constitucional. Un breve vistazo a su invocación en los preámbulos o apartados preliminares de las constituciones de Venezuela evidencia su permanencia. La revisión histórica muestra que la religión nunca ha sido ajena al campo político en Venezuela, su injerencia da cuenta del poder de la Iglesia católica y al mismo tiempo, de la pérdida de su hegemonía; pero también del proyecto de dominación hemisférica por parte de Estados Unidos, con una amplia gama de estrategias en diferentes frentes.
Las transformaciones del Estado muestran las mediaciones normativas, institucionales, sociales y partidistas que han atravesado esta relación con lo religioso. La diversificación de la afiliación religiosa y el crecimiento de grupos evangélicos, especialmente en sus expresiones pentecostales, los hace parte de la cosa pública y los pone en primer plano en procesos de cambio institucional, participación electoral, políticas públicas, adhesión partidista y construcción de imaginarios y narrativas sobre la sociedad y la política. Sin embargo, también merece ser visto a la luz de nuevos procesos de derechización de la política y el resurgimiento de las agendas conservadoras en la región y en el mundo; con especial énfasis sobre las familias, las uniones, los derechos sexuales y reproductivos, la sexo-genero diversidad, la autonomía de los cuerpos y la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. Teniendo en cuenta que queda mucho por decir sobre cada una de las dimensiones abordadas y que se debe profundizar sobre las matrices ideológicas y políticas que intervienen en el pentecostalismo venezolano, lo que sí se puede afirmar de manera indiscutible es que su incursión no es homogénea y que la injerencia de lo religioso en el país es un legado de la colonia.
Referencias
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[1] En el estudio How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020 publicado en junio de 2025, la categoría “sin filiación religiosa incluye a ateos, agnósticos y personas que dicen no tener ninguna religión en particular, se identifican como sin religión o responden ninguna al ser preguntadas acerca su identidad religiosa en encuestas realizadas por Pew Research Center o censos consultados por la organización. En la literatura sobre este tema es común encontrar el término ‘nones’, que viene del inglés none o ninguno.
[2] No existe una única clasificación de las familias o subgrupos en el protestantismo, sin embargo, la clasificación más extensa y detallada que se encontró durante el arqueo bibliográfico trata del trabajo de Clifton L. Holland, titulado A Classification System of Religious Groups in the Americas by Major Traditions and Family Types (2011). Latin American Socio-Religious Studies Program (PROLADES), disponible en: https://www.ranchocolibri.net/prolades/clas-eng.pdf
[3] Para más información sobre actividades de este grupo religioso en Venezuela, véase: https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/por-todo-el-mundo/VE/
[4] Centro Islámico de Venezuela, [@cislamicovzla] recuperado el 11 de septiembre de 2026 https://www.instagram.com/cislamicovzla?utm_source=ig_web_button_share_sheet&stkn=ZDNlZDc0MzIxNw==
[5] La etapa inicial de este estudio contempló la elaboración de una matriz para examinar de manera uniforme las disposiciones constitucionales desde 1811 hasta 1999 en materia de libertad religiosa, cultos y la relación entre el Estado y la religión, desde el nacimiento de la Primera República hasta nuestros días, para consultar véase: https://drive.google.com/file/d/1XBZqyWKGRHIPYMf5ld-6v9wZ3xz9tntp/view?usp=sharing
[6] La estructura organizativa reflejada en la página web fue aprobada por el Ministerio del Poder Popular de Planificación mediante Oficio N.º 144 de fecha 20 de abril de 2015, las modificaciones posteriores no se encuentran publicadas en el portal. Sin embargo, el ministerio con competencia en relaciones interiores ha tenido la función de registrar a las instituciones religiosas por lo menos desde la década de los años 80.
[7] Decreto N.º 5.098, mediante el cual se crea la unidad administrativa en cuestión y se nombra al ciudadano Edgar Alonso Arteaga Matute, como Viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en Gaceta Oficial N.º 6889 Extraordinario de fecha 28 de febrero de 2025.
[8] El sistema VARC fue creado en el mes de marzo de este año por el Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos, véase: https://religionyculto.mpprijp.gob.ve/
[9] El Ministro del Poder Popular para la Defensa dictó la Resolución N.º 004308 de fecha 14 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38.818 de fecha 26 de noviembre de 2007, en la que crea y activa el Consejo Pastoral Evangélico Militar adscrito a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa.
[10] Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. (2008, 4 de junio). Sentencia N. ª 00678, expediente N.º 2006-1058. https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Junio/00678-4608-2008-2006-1058.html
[11] Para más información sobre la historia de COPEI, véase: https://copei.org.ve/historia/
[12] La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en su artículo 17 que, se considera una alianza cuando dos o más organizaciones con fines políticos o grupos de electores presentan idénticas postulaciones para un mismo cargo. Cuando se trata de los órganos deliberantes se consideran idénticas cuando son las mismas personas, el mismo orden y número.
[13] Véase https://www.instagram.com/p/DTjBpPxAcUQ/?hl=es&img_index=1
[14] Véase https://maranathavenezuela.com/quienes-somos/
[15] Ver https://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=14668
Investigadora en Ciencias Sociales con formación en Sociología por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y activista de derechos humanos. Posee diplomado en Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia (REACIN/UCAB) y formación en facilitación de diálogos sociales (ONU Venezuela). Es autora del libro 0800-Miranda: una línea directa con el pueblo mirandino (2024). Actualmente es investigadora en el Instituto para el Pensamiento Original (PUEBLOS).
