Mamá tenía razón, debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos sin volver nunca a posarlos imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida.
Teresa de la Parra, Memorias de Mamá Blanca
En un trabajo previo realizamos un ejercicio hauntológico centrado en la espectralidad de la teoría de la dependencia, conjurando uno de los fantasmas del pasado que asedian nuestro presente. En las líneas que encontrarán a continuación retomaremos este esfuerzo[1] a partir del carácter espectralde las agendas económicas neoliberales implementadas en nuestro país a finales del siglo XX. De esta forma, proponemos revisitar un plan que, hace unos 30 años, marcó la economía y la política social que se configuró como la contracara de otro tipo de agenda, una alternativa, otro modelo basado en la justicia social. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, recordemos que hay dirección política detrás de las agendas, intereses y correlaciones de fuerza entre diversos actores; en algunos casos, los fantasmas que merodean el presente no vienen únicamente del pasado sino también de futuros perdidos.
Rebobinemos un poco
El 15 de abril de 1996, el presidente de la república, Dr. Rafael Caldera, anunció en cadena nacional la Agenda Venezuela, presentada como un programa que permitiría enfrentar la crisis financiera y enrumbar el crecimiento económico del país. Para principios de ese mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado un crédito por 80 millones de dólares a Venezuela y el Banco Central de Venezuela (BCV) subastó 103,4 millones de dólares en bonos, llamados Títulos de Estabilización Monetaria Capitalizables (TEMC), para recuperar el capital inyectado en años previos. Sin embargo, las medidas anunciadas consistieron en un plan de seis fases, en cuya etapa inicial el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito stand-by por 1.400 millones de dólares estadounidenses[2]. Con una duración de doce meses, la primera etapa se basó en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, la estabilización de la economía, el restablecimiento de relaciones con acreedores externos e internos, la reanudación de privatizaciones, la reforma del sistema de prestaciones sociales, que allanaron el camino para otras reformas estructurales.
La segunda etapa, que inició en abril de 1997, se enfocó en la profundización de los procesos de financiación, privatización y reforma de diversas áreas junto a un esfuerzo de reordenamiento del sector público, racionalización del gasto y del sistema de seguridad social. Las fases subsiguientes se pensaron en base a la reindustrialización, el cambio estructural de los programas sociales y las reformas institucionales; la Agenda Venezuela fue presentada como el motor de una supuesta transformación estructural del Estado. Para entonces el país no era ajeno a las crisis, el espectro del 27 de febrero de 1989 era un recordatorio de la fuerza telúrica del descontento popular frente a paquetes económicos y décadas de exclusión de la mayoría de la población, los intentos de golpe de Estado y el juicio político a Carlos Andrés Pérez fueron muestras de la inestabilidad política. En un artículo de The Economist se detalla cuan profunda era la crisis económica a mediados de la década de los noventa, producto de la “liberalización descuidada” de la economía, siendo un caso paradigmático la quiebra del Banco Latino en enero de 1994 y posteriormente, los rescates, nacionalizaciones y cierre de operaciones de 16 bancos comerciales (Chaos in Caracas, 1997). Según datos del FMI la crisis bancaria produjo una contracción “del 3% y la inflación interanual alcanzó el 70% a finales de diciembre” (Press Realease No. 96/38, 1996). En 1995 se devaluó el bolívar, el desempleo subió y la inestabilidad económica estuvo signada por desequilibrios en la balanza de pagos y una alta inflación.
En el ámbito social, la escasez en el suministro de agua causó estragos en menores de 5 años debido a desórdenes gastrointestinales y la población en general, por brotes de afecciones dermatológicas, parasitosis, intoxicaciones y escabiosis. El ambiente también estaba caldeado en las calles, el gremio docente se mantuvo en huelga por un tiempo considerable, entre los llamados a paro y las movilizaciones hacia Miraflores, el presidente emitió un decreto obligando a los docentes a regresar a las aulas; días más tarde siete federaciones gremiales, reunidas con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y monseñor Ignacio Velazco, presentaron una propuesta con demandas salariales reducidas a la mitad (Fundación Empresas Polar, 2010). Como hemos mencionado en trabajos anteriores, la política de concertación fue elemental durante la cuarta república, así vemos que el sistema de conciliación permeaba los gremios y sindicatos, donde la Iglesia Católica tenía un rol significativo. En la esfera de los partidos políticos, los dirigentes de Acción Democrática acordaron apoyar el paquete económico anunciado por Caldera, quien fue electo por COPEI; logrando amplio consenso político.
Pausa: “un camino franco”
En el documento que recoge el programa de la Agenda Venezuela, hemos encontrado la alocución de Rafael Caldera que tildó el paquete como “un camino franco a la recuperación y al progreso” (Sucesión Rafael Caldera & Fundación Tomás Liscano, s.f.). En ella, se anunció el aumento del precio de la gasolina entre 330 y 850%, pasando a 50, 55 y 60 bolívares por litro, acompañado por el establecimiento de un subsidio a transportistas para evitar el aumento de los pasajes de transporte público. Bajo el supuesto de corregir el déficit fiscal señalado como uno de los factores que incidirían en el reordenamiento de la administración pública, Caldera informó acerca de los planes del Congreso para aprobar el aumento de los impuestos sobre el consumo de artículos de lujo y sobre las ventas al por mayor del 12,5 al 16,5%, desestimando la tasa del 18% propuesta por técnicos del FMI.
6 de septiembre de 1997. Agenda Venezuela. Fuente: Sucesión Rafael Caldera / Fundación Tomás Liscano.
En cuanto a la política monetaria, Caldera señaló las discusiones que se tuvieron al implementar el control cambiario, refiriéndose a los desafíos que implicaba su unificación. Así, el desmontaje del sistema cambiario se realizó de manera conjunta con la liberación de las tasas de interés, alegando que sería conveniente para la salud económica del país. La Apertura Petrolera que se vendió como un éxito, marcó la hoja de ruta a seguir para la industria petroquímica, minera y vegetal, con apertura a inversionistas privados en varios sectores de la economía. El efecto buscado era el de revertir la caída del PIB, reducir la inflación y aumentar los ingresos de la Nación (Press Realease No. 96/38, 1996), el cual contó con el visto bueno de directivos de empresas privadas nacionales e internacionales. Mientras que, en materia social, el presidente advirtió acerca de posibles vicisitudes que enfrentaría la clase trabajadora pero que luego rendirían frutos:
Podemos decir, con El Libertador “vacilar es perdernos”. Hemos tomado estas medidas porque tenemos que tomarlas y el país sabe que las estamos adoptando por la necesidad del país mismo, y que si esto ocasionará inconvenientes y sufrimientos durante una cierta etapa, queda abierto el camino para marchar, de una manera firme, de una manera clara, hacia la construcción de ese nuevo país del que hablamos en el IX Plan de la Nación. (Sucesión Rafael Caldera & Fundación Tomás Liscano, s.f.).
Aunque se anunció un incremento salarial para los empleados públicos que rondaba el 70%, la duplicación del monto de la beca alimentaria y pensiones para los jubilados del Seguro Social, las medidas de carácter social implementadas con la Agenda Venezuela necesitan ser contrastadas a la luz de otros indicadores. Por ejemplo, la revisión de notas de prensa de la época, indica que la canasta básica de alimentos se encontraba en 247 dólares estadounidenses durante el tercer trimestre de 1996, que correspondía a 2,2 salarios mínimos. Lo que fue presentado como un aumento «considerable», no cubría las necesidades básicas mensuales de una familia venezolana: “el ingreso mínimo de un trabajador, compuesto de salario básico y diversos bonos, suma 112 dólares, y según las centrales sindicales, la mitad de los asalariados venezolanos perciben ese sueldo mensual” (Inter Press Service, 1996). Se anunciaron también otra serie de planes de carácter social centrados en un programa de economía solidaria, una red de distribución de alimentos esenciales, comedores escolares, un plan de empleo joven basado en adquirir un oficio y la venta de medicamentos subsidiados, entre otros.
Bajo los principios de modernización, liberalización y racionalización de la economía y del Estado, concertaron las élites políticas y económicas junto a la Conferencia Episcopal Venezolana y otros sectores de la sociedad en detrimento de los intereses de los sectores populares. Tanto en la alocución de Caldera como en los testimonios de su gabinete[3], se puede observar que se hace hincapié en la benevolencia y comprensión del Fondo Monetario Internacional sobre la situación venezolana; tomando en cuenta que debían suavizar la pésima imagen que tenía el organismo financiero, sobre todo después del paquete económico anunciado por Carlos Andrés Pérez durante su segunda presidencia. Slavoj Žižek (Bienvenidos a tiempos interesantes, 2011) utiliza una analogía del psicoanálisis para explicar la manera en la que opera el Fondo Monetario Internacional: la lógica del superego. El FMI, que se presenta como agente disciplinador, es al mismo tiempo condescendiente frente a los intereses del capital internacional. Mientras castiga a los Estados por las deudas y exige estricto cumplimiento de las medidas de ajuste, ofrece alivios mediante préstamos adicionales. El resultado suele ilustrarse en la idea de que es mucho más costoso romper con el FMI que seguir en la relación tóxica de endeudamiento.
Stop. Agenda Alternativa Bolivariana
Meses después, el 22 de julio de 1996, Hugo Chávez presentó un documento titulado Agenda Alternativa Bolivariana (AAB). En la presentación de dicho documento, Chávez inauguró el fin del Pacto de Punto Fijo y el inicio de un nuevo modelo. Con una suerte de sentencia gramsciana evocó al interregno: un desahuciado que se resistía a morir y a un proceso embrionario que todavía no podía nombrarse, que representó un quiebre con el modelo oligárquico, bipartidista y antipopular. Más allá de la visión intersticial, alimentada por los estallidos sociales, insurrecciones dentro del Ejército y el descontento de las grandes mayorías empobrecidas, la idea en torno al estado terminal del modelo de democracia representativa en nuestro país se sostuvo sobre el hecho incuestionable de la repetición de fórmulas contenidas en el Consenso de Washington. Para Chávez el proyecto presentado por el gobierno de Rafael Caldera no era más que un salto repentino al pasado, otrora conocido como Gran Viraje o shock Pérez (Agenda Alternativa Bolivariana, 2014). No obstante, lo que se vislumbró como el fin de una vieja historia y un modelo que había caducado, se conjugó como el inicio de un nuevo modelo que abrió las compuertas a la escritura de una nueva historia.
La premisa de la Agenda Alternativa Bolivariana fue en esencia antineoliberal, favoreciendo una aproximación holística que no se centró únicamente en lo económico. Si bien la Agenda Venezuela contemplaba una política social basada en 14 programas de esta índole, en la Agenda Alternativa Bolivariana los desequilibrios macrosociales se colocaron en primer plano para así, combatir los indicadores de pobreza, desigualdad social, analfabetismo, desescolarización, desocupación, informalidad, entre otros. Sin embargo, uno de los elementos más distintivos trató sobre el diagnóstico del poder constituido y la idea fuerza de recurrir al poder constituyente para la refundación de la república a través de la participación y el protagonismo de la población en los asuntos públicos y en los procesos políticos.
Imagen: Agenda Alternativa Bolivariana, Gráfico I. Economía Humanística Autogestionaria
En contraposición a la Apertura Petrolera, se destacó la importancia de una política basada en la propiedad y control del Estado para rescatar la soberanía nacional y romper con las cadenas de la dependencia y el colonialismo. Esta propuesta consistía en revertir el proceso de desnacionalización de la industria, promover la industrialización del gas y derivados petroquímicos, y la tecnificación de los procesos, así como la propuesta del incremento en 10% del aporte fiscal de PDVSA, con una estimación de 1.500 millones de dólares al año para aliviar la crisis fiscal que se vivía en el momento. En cuanto a la deuda externa, la AAB presentó varias opciones que combinaban la moratoria, renegociación, pago o condonación de la deuda reestructurada, la no reestructurada o ambas, haciendo énfasis en el carácter determinante que tenía este asunto en los desequilibrios macroeconómicos y macrosociales. Para finales de 1995, antes del anuncio de la Agenda Venezuela, el saldo total de la deuda externa de Venezuela era de 26.902 millones de dólares, de los cuales un poco más del 60% correspondía a la deuda reestructurada, aproximadamente 17.600 millones de dólares (Agenda Alternativa Bolivariana, 2014).
Nos hemos centrado en el petróleo y la deuda externa por ser dos cuestiones fundamentales en nuestra economía, y porque ejemplifican los distintos modelos propuestos. En un escenario compartido, pero con planes diametralmente opuestos para afrontar los problemas que aquejaban a la sociedad y a la Nación, en el lapso de unos meses se presentaron dos agendas, dos visiones diferentes. En tanto uno promovía el endeudamiento creciente con desfavorables condiciones de pago y de negociación, el otro apuntaba a la defensa de la soberanía con perspectiva estratégica. En un mundo donde se había clausurado la capacidad de imaginar salidas al sistema capitalista y en un país donde se había construido un horizonte incuestionable de la política, lo institucional y lo partidista, la Agenda Alternativa Bolivariana fue una herramienta para pensar en una salida a la subordinación económica y política que impulsaron los programas neoliberales en el Sur Global en la década de los noventa.
Salto adelante: 30 años
Tres décadas después, nos encontramos frente a un nuevo escenario que reaviva el carácter espectral de las agendas neoliberales aplicadas en el continente. Como elemento teórico-conceptual en este análisis hauntológico, resulta pertinente tomar de Fredric Jameson la idea acerca de los futuros perdidos como futuros que la sociedad llegó a imaginar pero que fueron cancelados, se encuentran extraviados o nunca se concretaron (Arqueologías del futuro, 2009); para Mark Fisher fueron promesas inacabadas (Ghosts Of My Life, 2014). De cierta forma, la Agenda Alternativa Bolivariana se ha constituido como uno de esos futuros perdidos. Si bien los fundamentos y elementos centrales de la AAB se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, ampliando derechos, reconociendo a sujetos que histórica y estructuralmente habían sido invisibilizados, y transformando el Estado, su espíritu de independencia y soberanía actualmente se encuentra en peligro.
Cabe destacar algunas cuestiones que son significativas para poder acercarnos al análisis de las nuevas circunstancias que nos amenazan. La República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de medidas coercitivas unilaterales desde diciembre de 2014[4], tenemos, hoy en día, más de 12 años bajo un programa sancionatorio impuesto por Washington, el cual ha sido mantenido y prorrogado por las administraciones de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. Al respecto, existe consenso sobre el impacto negativo del bloqueo económico, financiero y comercial, no solo entre investigadores, agencias, comités y relatores de las Naciones Unidas y diversas organizaciones, sino del propio Congreso de los Estados Unidos[5]. Francisco Rodríguez indicó que la economía del país presentó “la mayor contracción en tiempos de paz de la historia moderna” siendo que la caída de los ingresos petroleros y las dificultades para reestructurar la deuda incidieron en el colapso de los servicios públicos y los sistemas de salud, alimentación y seguridad social (The Human Consequences of Economic Sanctions, 2023).
El 3 de enero de 2026 se produjo la incursión militar de los Estados Unidos de América en el territorio nacional, que tuvo como resultado el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la diputada electa, primera dama, Cilia Flores; así como más de un centenar de fallecidos venezolanos y cubanos. Pocos días después de este hecho, Donald Trump decretó la Orden Ejecutiva N.º 14.373, que establece una serie de medidas destinadas a evitar que los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos sean embargados o sujetos a procesos judiciales externos por parte de acreedores privados; lo que ha permitido crear un fondo propiedad del Gobierno de Venezuela, que se encuentra custodiado y administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otros funcionarios del establishment estadounidense[6]. El documento en cuestión es muy similar al decreto presidencial emitido por George W. Bush dos meses después de la invasión de EE. UU., a Irak en 2003[7]. El acercamiento que se ha observado en los últimos meses entre ambos gobiernos ha estado acompañado de nuevas reformas legislativas para abrir las puertas al capital trasnacional que hasta hace poco temía las sanciones estadounidenses, y necesitaba solicitar licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) para permitir operaciones de entidades privadas en materia de hidrocarburos, petroquímicos, gas, minería, oro, electricidad y telecomunicaciones, en suelo venezolano.
Si ahora miramos con nostalgia la irrupción de un modelo alternativo al programa neoliberal, recordemos que el presente no es inevitable, podemos seguir otros caminos. Si nuestra situación actual trae flashbacks[8], el recuerdo nos alerta que las fórmulas ya han sido ensayadas y los paquetes anunciados, un vistazo a lo que se proponía en la Agenda Venezuela presenta antecedentes interesantes. Frente a un nuevo proceso de renegociación de la deuda y de apertura a los grandes capitales internacionales, el bienestar de la población debería privar sobre los equilibrios económicos. Recordemos que hay posibilidades para la contraofensiva siempre que nos dispongamos a soñar, quizá el mayor aporte de una agenda alternativa era la apertura de un horizonte de futuros posibles, donde la independencia y la soberanía eran el sustrato necesario para la emancipación del pueblo.
Fuentes consultadas
Chaos in Caracas. (1997, 10 de abril). The Economist. https://www.economist.com/special-report/1997/04/10/chaos-in-caracas
Chávez, Hugo. (2014). Agenda Alternativa Bolivariana. Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.
Derrida, Jacques. (1998). Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. (José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti, Trads.). Madrid: Editorial Trotta.
Fisher, Mark. (2014). Ghosts Of My Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero Books.
Fisher, Mark. (2016). Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? (C. Iglesias, Trad.). Buenos Aires, Caja Negra. (Obra original publicada en 2009).
Fondo Monetario Internacional. (2023). El servicio de crédito stand-by (SCS). https://www.imf.org/es/about/factsheets/sheets/2023/stand-by-credit-facility-scf
Fondo Monetario Internacional. (1996, 12 de julio). IMF approves Stand-By credit for Venezuela (Press Release No. 96/38). Disponible en https://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr9638
Fundación Empresas Polar. (2010). 1996 – Cronología de historia de Venezuela. Diccionario de Historia de Venezuela. Disponible en https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zooz/s20-10/1996-78.html
Instituto Tricontinental de Investigación Social, & Instituto Simón Bolívar. (2023, febrero). Un legado estratégico: El pensamiento revolucionario del Comandante Chávez a 10 años de su partida (Dossier N.º 61). https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2023/02/20230217_D61_ES_Web.pdf
Inter Press Service. (1996, 14 de noviembre). Venezuela: Canasta alimentaria cuesta 2,2 salarios mínimos. IPS Agencia de Noticias. Disponible en https://ipsnoticias.net/1996/11/venezuela-canasta-alimentaria-cuesta-22-salarios-minimos/
Jameson, Fredric. (2009). Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de Ciencia Ficción. (Cristina Piña Aldao, Trad.). Madrid: Ediciones Akal S.A. (Obra original publicada en inglés en el mismo año).
Rodríguez, F. (2023). The Human Consequences of Economic Sanctions. Washington D. C.: Center for Economic and Policy Research.
Sucesión Rafael Caldera & Fundación Tomás Liscano. (s. f.). La Agenda Venezuela (1996). Rafael Caldera – Sitio web oficial. https://rafaelcaldera.com/la-agenda-venezuela-1996/
Žižek, Slavoj. (2011). Bienvenidos a tiempos interesantes. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
[1] En la obra de Jacques Derrida, Espectros de Marx, se introduce el término «hantologie» (traducido de manera literal como fantología o hauntología), un juego de palabras que alude a los vocablos en francés hanter, hantise y hanté(e) para evocar el acto de acechar o el asedio de un fantasma (véase la nota de los traductores José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti en Derrida, 1998, p. 24). Para Derrida, la hauntología consiste en una ontología asediada por fantasmas del pasado y promesas incumplidas del futuro.
[2] Un crédito stand-by es, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), una línea de financiamiento de corto plazo destinada a países de ingreso bajo para cubrir necesidades de ajuste y balance de pagos provocadas por shocks económicos. Tiene una duración habitual de 12 a 36 meses, un periodo de gracia de 4 años y un vencimiento final a los 8 años (véase Fondo Monetario Internacional, 2023).
[3] El documento que compila los indicadores macroeconómicos del país, el programa de gobierno, la alocución presidencial y las declaraciones de altos funcionarios, directivos de fondos de inversión y cámaras empresariales es una publicación oficial del entonces Ministerio de Hacienda, disponible en el archivo web de la Sucesión Rafael Caldera y Fundación Tomás Liscano (s. f.).
[4] Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, disponible en: https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-113publ278/summary
[5] Durante la administración de Joe Biden, el documento titulado Venezuela: Overview of U.S. Sanctions, preparado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés), admitía que el programa sancionatorio de EE. UU., no había logrado el objetivo de derrocar al gobierno de Venezuela. La actualización de finales de 2025 lista una serie de acciones en diferentes áreas, desde la imposición de visados hasta designaciones a entidades por motivos de terrorismo y crimen organizado, véase: https://sgp.fas.org/crs/row/IF10715.pdf
[6] Presidential Actions, Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelanoil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/
[7] The American Presidency Project. Executive Order 13303, Protecting the Development Fund for Iraq and Certain Other Property in Which Iraq Has an Interest, see: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13303-protecting-the-development-fundfor-iraq-and-certain-other-property
[8] El término flashback es un anglicismo comúnmente utilizado en el cine, literatura o teatro que trata de un recuerdo de un tiempo o evento en el pasado.
Ana Gabriela Salazar es investigadora en Ciencias Sociales con formación en Sociología por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y activista de derechos humanos. Posee diplomado en Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia (REACIN/UCAB) y formación en facilitación de diálogos sociales (ONU Venezuela). Es autora del libro 0800-Miranda: una línea directa con el pueblo mirandino (2024). Actualmente es investigadora en el Instituto para el Pensamiento Original (PUEBLOS).
