El 5 de enero de 2026 inició la VI Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela con la instalación del periodo legislativo 2026-2031, se eligió y juramentó la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y demás diputadas y diputados electos en las elecciones parlamentarias de mayo de 2025. Todo esto, pasadas un poco más de 48 horas de que Venezuela haya sido bombardeada y su jefe de Estado, Nicolás Maduro, haya sido secuestrado por el ejército imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. También secuestrada, la primera dama, Cilia Flores de Maduro, quien es diputada electa y deja un curul vacío en el hemiciclo del Palacio Legislativo.
Frente al ataque estadounidense en la madrugada del 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión que establece como imperativo, necesario y proporcionado que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma y ejerza en condición de encargada las atribuciones, deberes y facultades del Presidente de República debido a su ausencia forzosa. El ataque militar y bombardeo por parte de EE. UU., constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 3314 de la Asamblea General en 1974 que establece la definición de agresión como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”[1]. En este contexto se produce la juramentación, ante la nueva AN, de Delcy Rodriguez como presidenta encargada.
Llegamos a este punto en medio de una crisis política, económica y social que ha marcado la vida de la población en los últimos años y ha afectado la confianza en las instituciones democráticas; una década ha pasado desde que se declaró a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y política exterior de EE. UU., abriendo las puertas para la imposición del bloqueo económico, financiero y comercial contra la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo ha resistido agresión tras agresión desde que nos propusimos construir, como sociedad, un modelo diferente, una democracia participativa y protagónica. El pueblo también ha experimentado en estos años, la descomposición del tejido social, un fenómeno migratorio inédito en la historia del país, la profundización de la desigualdad y precarización de las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador, así como procesos de alta polarización y movilización con episodios de violencia política y creciente represión por parte de los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, no teníamos, en más de doscientos años de historia republicana, una amenaza como la vivida en los últimos meses del año 2025; y mucho menos, nos imaginábamos ver y escuchar bombas caer en nuestro territorio. La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica[2] publicada recientemente reafirma la Doctrina Monroe en el hemisferio, cerrando a potencias extrarregionales la posibilidad de influir en América Latina, imponiendo una visión unipolar de la región y priorizando el acceso a recursos estratégicos con un enfoque militarista. Lo que vivimos, desde que se instaló el despliegue en el Caribe, es la práctica de lo que han llamado en las últimas semanas como el «corolario Trump» que adopta formas abiertas de intervención militar.
En el proceso de reorganización política e institucional que se está gestando y se gestará durante los próximos meses es menester la preeminencia del carácter antiimperialista y anticolonial del gobierno nacional. No podemos aceptar la entrega de nuestro petróleo, minerales, agua y tierras a quienes osan decir que se la hemos robado, no podemos ceder la soberanía al apetito voraz del hegemon del norte, es necesario enarbolar la dignidad de un pueblo que tiene el derecho a la autodeterminación. No se puede aceptar el tutelaje colonial de Estados Unidos porque esto representa estar a solo un paso de ser tan entreguistas como María Corina Machado, quien paradójicamente, ofreció compartir su Premio Nobel de la Paz con nuestro agresor.[3]
Este pueblo no se arrastra tras el invasor y es justamente el pueblo, el que no debería ser arrastrado por los intereses particulares de los bloques en pugna. Si bien en el acto de instalación de la AN, el diputado Jorge Rodriguez pidió disculpas en caso de que las y los diputados de la legislatura anterior hubieran fallado en el ejercicio de sus funciones[4], más que un acto de contrición, deberíamos exigir una rendición de cuentas por parte de una serie de actores y sectores políticos. Asumir responsabilidades, tener un accionar que salga de las tinieblas de la opacidad, empezar a despejar las brumas, reconocer las diferencias, aceptar la diversidad y tender puentes para dialogar entre nosotras y nosotros, sin la aprobación de Trump o cualquier otro que pretenda ser titiritero.
La agresión estadounidense constituye precisamente un momento de peligro benjaminiano: una interrupción, un quiebre forzado por la violencia que devela las relaciones reales de fuerza que subyacen a las formalidades constitucionales y retóricas. Este momento no está predeterminado, pero su sentido depende de cómo los sujetos políticos reconozcan y organicen ese quiebre como oportunidad para rearticular el proyecto de emancipación frente al abandono de la política como vía para solucionar nuestros problemas y en contra de las pretensiones imperialistas de convertirnos en otra colonia.
¡Que viva Venezuela libre y soberana!
Ana Gabriela Salazar
[1] Véase: https://docs.un.org/es/A/RES/3314(XXIX)
[2] Véase: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
[3] Véase: https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/machado-nobel-trump-venezuela-orix
[4] Ver: https://eltiempove.com/rodriguez-si-hemos-fallado-en-el-ejercicio-de-nuestras-funciones-pedimos-disculpas/
