En julio de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó el mayor presupuesto migratorio en su historia: 131 mil millones de dólares para reforzar detenciones, deportaciones y la militarización de fronteras. Lejos de ser una política interna, esta cifra desnuda la arquitectura de una economía de guerra que no se limita al Pentágono ni al Medio Oriente: opera en nuestros territorios, persigue a nuestros pueblos, y crece a costa del hambre, la migración forzada y la inestabilidad que impone en América Latina.
Es un presupuesto que triplica los fondos de ICE (la agencia de migración y deportación), reactiva el muro fronterizo, construye nuevas cárceles para familias, y entrega 10 mil millones de dólares sin regulación alguna al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Todo esto mientras en el mismo país hasta 17 millones de personas pueden perder acceso a salud, y millones de niños y niñas podrían quedarse sin el único plato de comida que reciben en todo el día, el que les dan en la escuela.
¿Qué nos dice esto? Que para el gobierno de EE.UU., migrar no es una consecuencia social sino una amenaza a neutralizar. Y que la respuesta no es otra sino encarcelar.
El presupuesto recién aprobado institucionaliza una política de criminalización racializada y clasista, diseñada para llenar cárceles, no para ofrecer justicia.
Estos son algunos de sus componentes más alarmantes:
- $29.900 millones para detención y deportación
- $45.000 millones para construir centros de detención, incluso para familias con niños
- $46.600 millones para extender el muro fronterizo, más del triple de lo que gastó Trump en su primer mandato
- 116.000 personas detenidas cada día: suficiente para llenar un estadio con madres, niños pequeños, estudiantes y abuelos.
- Límite de 800 jueces migratorios, lo que agrava la parálisis judicial y el colapso del sistema de asilo
Detrás de cada deportación hay una red de intereses. ICE no actúa solo. Es apenas el rostro visible de un entramado que mezcla empresas tecnológicas, contratos universitarios, policías locales y fondos de inversión. Se asocia con corporaciones como Palantir, GEO Group y CoreCivic, que lucran con la vigilancia, el encierro y el sufrimiento ajeno. Utiliza algoritmos para rastrear y perfilar personas, infiltra universidades con convenios disfrazados de investigación, extrae datos de escuelas y coopera con fuerzas policiales incluso en ciudades que se autodenominan “santuarios”.
Este sistema no se limita a Texas ni a Arizona. Está incrustado en todo el país: en contratos universitarios, bases de datos escolares y fondos de inversión pública. Muchas universidades estadounidenses tienen convenios con el Departamento de Seguridad Nacional o ICE, mediante licencias de software, contratos de investigación o programas de vigilancia disfrazados de innovación. Escuelas públicas han compartido información con redes policiales que cooperan con ICE, desencadenando deportaciones. Incluso los fondos de pensiones, municipales y universitarios, invierten en empresas como GEO Group y Palantir, beneficiarias directas del encarcelamiento de migrantes.
Es un sistema híbrido: público y privado, legal e ilegal, visible e invisible. Y mientras aparenta garantizar “seguridad”, construye control social y lucro empresarial con la vida de personas que migran por necesidad.
Esta forma de represión tecnológica tiene raíces históricas claras. En la Europa de los años 30, los regímenes fascistas desarrollaron sistemas burocráticos y censales de clasificación racial y étnica, como los archivos y tarjetas perforadas utilizadas por el Tercer Reich, en colaboración con empresas como IBM, para identificar y rastrear a judíos, gitanos, comunistas y opositores políticos. La tecnología de la época fue parte central del aparato represivo y del genocidio.
En Estados Unidos, décadas más tarde, el FBI desarrolló COINTELPRO, un programa encubierto de contrainsurgencia que desplegó vigilancia masiva, infiltración, escuchas telefónicas y campañas de desinformación para desarticular movimientos sociales. Líderes como Martin Luther King Jr., Malcolm X, los Panteras Negras y decenas de organizaciones de base fueron blanco directo de este aparato represivo.
Hoy, ese legado se actualiza con algoritmos, inteligencia artificial, bases de datos masivos y softwares como los de Palantir.
Represión adentro, guerra afuera
La misma lógica que criminaliza a los pobres, a las personas negras, migrantes y pueblos originarios en sus ciudades, se proyecta sobre el sur global mediante sanciones, bloqueos, golpes y saqueos.
Venezuela es un ejemplo claro.
Años de sanciones económicas, bloqueo financiero y sabotaje internacional han debilitado su economía, generando pobreza inducida y migración forzada. Según The Lancet Global Health, las sanciones unilaterales causan más de medio millón de muertes anuales, principalmente en la infancia. No necesita bombas ni tropas invasoras pero sus efectos son los de una guerra convencional: infraestructuras colapsadas, familias separadas y vidas perdidas.
Y sin embargo, en medio del asedio económico, el Estado venezolano ha priorizado la reunificación familiar. Migrantes deportados desde EE.UU. y otros países han sido recibidos con vuelos de retorno organizados por el gobierno, atención médica, alojamiento y apoyo para reiniciar la vida.
No estamos ante modelos distintos de gestión, sino ante visiones opuestas del mundo: Mientras unos actúan con voluntad política para garantizar el regreso digno de sus ciudadanos, otros han hecho de la migración una industria al servicio de contratistas, lobbies y multimillonarios.
Y en el centro de esa lucha están las mujeres venezolanas organizadas. Las Madres Víctimas del Fascismo han exigido al Estado respuestas concretas: localizar a sus hijos detenidos, coordinar la repatriación, brindar acompañamiento. Lo han hecho en consulados, en marchas, en medios de comunicación. Muchas ya han logrado abrazar de nuevo a sus hijos.
Migrar no es un crimen. Las sanciones lo son
El gobierno estadounidense ha dejado claro cuáles son sus prioridades: gasta más en encerrar migrantes que en garantizar techo para quienes duermen en las calles. Amplía centros de detención mientras recorta caminos legales. Responde a las consecuencias de su política exterior con represión, no con responsabilidad.
Las sanciones, los bloqueos y la injerencia externa están empujando a nuestros pueblos al hambre y a la migración forzada. Estas políticas están sostenidas por una arquitectura de poder transnacional donde empresas, agencias y gobiernos promueven esquemas de control basados en la vigilancia y el encierro.
Frente a eso necesitamos lo que ya tenemos: nuestras redes, nuestras luchas, nuestras formas de acompañar, de cuidar, de volver a reunir a quienes han sido separados.
El aparato de guerra está en todas partes. La resistencia también debe estarlo.
Desde aquí, con lo que somos y con lo que hacemos, también se construye futuro.
Referencias:
- Budget Bill Massively Increases Funding for Immigration Detention | Brennan Center for Justice
- What’s in the Big Beautiful Bill? Immigration & Border Security Unpacked – American Immigration Council
- Opinion | ICE’s deportation machine will be turbocharged by the GOP budget – The Washington Post
- ‘Discredit, disrupt, and destroy’: FBI records acquired by the Library reveal violent surveillance of Black leaders, civil rights organizations | UC Berkeley Library
- IBM and the Holocaust
- ICE says it has made tentative job offers to more than 1,000 | AP News
- ICE pays Palantir $30M to build new tool to track and deport immigrants – Axios Denver
- The Lancet Global Health
- Congress Approves Unprecedented Funding for Mass Deportation
