La historia de la construcción del poder popular en Venezuela es, ante todo, una historia escrita a muchas manos. Desde arriba, el apoyo estatal ha sido decisivo para habilitar institucionalmente espacios de participación, dotar de recursos materiales y jurídicos a las comunidades, y fomentar capacidades para la autoorganización. La figura y el pensamiento de Hugo Chávez resultaron fundamentales para expandir estas experiencias, promoviendo una visión del poder popular basada en la autonomía, la participación directa y la desconfianza hacia las estructuras del Estado burgués. Sin embargo, este acompañamiento desde arriba también ha adoptado formas de tutelaje, cooptación o instrumentalización política, imponiendo agendas o marcos organizativos que en ocasiones han distorsionado las prácticas originales de autogobierno popular.
Desde abajo, los procesos tampoco han estado exentos de contradicciones. Las dificultades organizativas, la falta de apoyo sostenido, la crisis económica y la interiorización de un paternalismo estatal han debilitado o fragmentado muchas experiencias comunales. Persisten tensiones entre la lógica de la gestión representativa y la aspiración de un autogobierno real, entre la dependencia de recursos estatales y la necesidad de consolidar autonomía económica política. Aún así, en esa interacción constante de simultánea tensión, cooperación y resistencia, se ha ido construyendo un poder popular con rasgos propios, moldeado por las condiciones históricas, culturales y territoriales del país.
En los años recientes, las líneas de tiempo muestran un renovado esfuerzo del poder constituido por impulsar mecanismos de participación y fortalecer las organizaciones de base. Iniciativas como el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, la Agenda Concreta de Acción y las salas de autogobierno popular son evidencia de eso. Este proceso convive con una creciente intervención estatal y una polarización política que diferencia entre comunas afines al gobierno y aquellas con posturas más críticas. Para analistas y actores sociales, Venezuela vive hoy un periodo transicional, es decir, un momento ambiguo, en el que no existe aún un ejercicio orgánico y pleno del poder popular, pero en el que sí se observan síntomas de remisión parcial de la lógica administrativa del Estado y una revalorización del autogobierno local.
Un periodo de transición implica reconocer esta dualidad histórica. Mientras no exista una estructura comunal consolidada que sustituya las funciones del Estado, la gestión representativa no puede desaparecer, pero sí transformarse progresivamente hacia formas de cogobierno, mediación horizontal y transferencia real de poder a las comunidades. Como advierte Harnecker (2009), “la participación no se decreta desde arriba, ni nace de un día para otro” (p. 8), requiere tiempo, formación política y un tejido organizativo consciente de su rol histórico.
Reconocer esta dualidad también supone abandonar lecturas teleológicas que asumen como inevitable la evolución hacia un Estado Comunal plenamente constituido. Supone aceptar los límites de cualquier proyecto comunal en un mundo organizado en torno al Estado-nación y, al mismo tiempo, abrir paso a una comprensión más plural de las formas posibles de lo político. Si la utopía orientadora es la reconfiguración democrática del Estado hacia estructuras descentralizadas, corresponsables y con mayor protagonismo comunitario, entonces el rol del poder constituido debe ser el de facilitador, no supervisor. Esto exige crear condiciones materiales, jurídicas y formativas que promuevan la autonomía, la transparencia, el liderazgo colectivo y la articulación territorial, sin imponer modelos únicos ni instrumentalizar la participación con fines partidarios. Autores como Berrizbeitia, Harnecker y Jiménez han destacado buenas prácticas que pueden guiar este tránsito, como el acompañamiento técnico sin tutelaje, mediación efectiva, la gestión transparente y compartida de los recursos, la formación política permanente y la creación de mecanismos de contraloría social real.
El camino hacia un poder popular autónomo no es un camino ausente de obstáculos. Las inercias institucionales, las resistencias estructurales, las desigualdades estructurales y las formas de subjetividad política heredadas dificultan la transición hacia una democracia comunal. Sin embargo, pocas veces en la historia se ha visto una coexistencia tan larga entre poder constituido y poder constituyente. El desenlace de esta convivencia entre Estado y comuna sigue abierto y en constante transformación. Lo que sí parece claro es que el futuro dependerá de la capacidad de ambos polos, institucional y comunitario, para construir una relación de apoyo sin subordinación, donde la legalidad acompañe, en lugar de domesticar, los procesos vivos de transformación social. Esta trayectoria demanda, además, investigaciones empíricas que, junto con las actoras y actores de base y las instituciones, identifiquen necesidades formativas, causas de debilitamiento organizativo y grupos sistemáticamente excluidos, con el fin de fortalecer de manera sostenida la construcción democrática desde abajo.
Bibliografía consultada:
Harnecker, M. (2009). De los consejos comunales a las comunas: Construyendo el socialismo del siglo XXI. Monte Ávila Editores.
