La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha significado un deterioro en las relaciones con Venezuela, caracterizado por una creciente hostilidad. Trump ha respaldado abiertamente a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y reforzó las sanciones económicas con el objetivo de desestabilizar el país. A estas medidas, que ya eran comunes desde la administración de Barak Obama, se sumó una política más agresiva de extradiciones de ciudadanos venezolanos en territorio estadounidense.
Para justificar estas deportaciones sin trabas judiciales ni administrativas, la Casa Blanca invocó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, tras declarar a la organización delictiva el Tren de Aragua, de origen venezolano, como una organización “terrorista extranjera con miles de miembros, alineada con el régimen de Maduro” (The White House, 2025). Según el gobierno de Trump, el Tren de Aragua estaría operando “en conjunto con el Cartel de los Soles” y “llevando a cabo una guerra irregular” en el territorio de Estados Unidos.
En los primeros cuatro meses del programa de extradiciones, más de más de cinco mil personas fueron deportadas a Venezuela (Infobae, 2025). Además, un total de 238 fueron trasladas a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, acusados de pertenecer a la organización terrorista del Tren de Aragua. Sin embargo, la mayoría de los deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador no contaban con ningún tipo de expediente criminal, según la información del propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (factchequeado, 2025).
Los ciudadanos venezolanos recluidos en El Salvador bajo condiciones de aislamiento extremo han sido víctimas de una decisión política carente de sustento jurídico. Esta medida ha generado fuertes críticas por parte del gobierno de Venezuela, organismos de derechos humanos y familiares de los deportados, quienes denuncian la falta de información sobre el paradero y estado de sus seres queridos en la cárcel salvadoreña.
Las acusaciones formuladas por la Casa Blanca contra el gobierno de Nicolás Maduro han recibido una cobertura mediática significativamente menor en comparación con episodios anteriores, tanto en medios internacionales y españoles. En el pasado, un señalamiento de este tipo -especialmente si provenía del gobierno estadounidense y vinculaba al Ejecutivo venezolano con grupos terroristas- habría sido reproducida de forma acrítica por la prensa española, que en la práctica actuaba como portavoz oficioso de Washington, sin ofrecer análisis, contraste de fuentes ni cuestionamientos.
Sin embargo, en esta ocasión, los medios no le han dado un cheque en blanco a a la narrativa de la administración de Trump. Por el contrario, han emergido voces críticas que, por primera vez, han puesto en tela de juicio las decisiones del Ejecutivo estadounidense. Incluso, el diario El País, detractor acérrimo de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, publicó el titular: “Verdad, mentira y mito sobre el Tren de Aragua”, en el que contradijo la versión oficial estadounidense sobre los vínculos entre el gobierno de Maduro y el crimen organizado:
La Casa Blanca asegura que detrás de El Tren de Aragua se encuentran Nicolás Maduro y los principales dirigentes del Gobierno venezolano. Los expertos no descartan que en el pasado haya habido algún tipo de negociación entre la organización criminal y el chavismo, pero a día de hoy no hay ninguna prueba que los vincule de manera directa.
Hace una década, el pretexto utilizado para atacar al gobierno chavista fue el Cartel de los Soles, una organización inventada que ni siquiera existió, pero que se utilizó como excusa para validar la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el narcotráfico. En aquel entonces, medios como El País otorgaron una total veracidad a estas especulaciones, sin ofrecer un análisis crítico ni contrastar las fuentes. Un ejemplo de ello es el artículo publicado en el 2015 bajo el título: “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles” (Schanferberg, 2015), cuyo subtítulo afirmaba: “La investigación de EE UU sobre el ‘número dos’ de Venezuela destaca la oscura relación de los militares y el narco”. Sin embargo, dichas investigaciones no avanzaron ni volvieron a ser mencionadas, lo que pone en tela de juicio su fundamento.
Cabe destacar que en ese periodo el presidente de Estados Unidos era Barak Obama, galardonado con el premio nobel de la paz y ungido por la prensa internacional y el stablishment político. En marzo de 2015, cuando su administración declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU., la decisión fue aplaudida por numerosos medios, aunque no tuviera ni pies ni cabeza.
Qué ha pasado entonces para que la versión de EEUU sobre el gobierno de Venezuela no sea reproducida por los medios de comunicación y se estén atreviendo a matizarla. Pareciera que la desconfianza hacia Trump por parte de la prensa internacional y ciertas élites es mayor al odio visceral contra Venezuela.
La construcción narrativa de Venezuela como un Estado canalla
La imagen del gobierno venezolano ha sido objeto de una campaña sistemática de desprestigio por parte de Occidente desde que Hugo Chávez asumiera la presidencia del país en 1998. Tras su muerte en 2013, la hostilidad mediática se intensificó con la elección de Nicolas Maduro. Desde entonces, las sanciones impuestas por países occidentales y la cobertura negativa en los medios de comunicación no han cesado.
Los medios han criticado de forma constante las políticas del gobierno bolivariano, hasta el punto de celebrar el golpe de Estado que depuso brevemente a Hugo Chávez en el 2002. Una muestra paradigmática de esta postura es el editorial de El País titulado “Golpe a un Caudillo” (El País, 2002) que legitimó la interrupción del orden constitucional. Aunque el golpe solo duró 47 horas y los golpistas fueron señalados por cometer asesinatos y violaciones a los derechos humanos, gran parte de la prensa internacional continuó actuando como aliada discursiva de la oposición venezolana, sin ofrecer una cobertura crítica o e quilibrada de los hechos.
Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, se ha promovido desde Occidente una narrativa que asocia al gobierno de Venezuela con redes criminales y “grupos terroristas” antioccidentales. Esta estrategia discursiva ha sido sostenida por diversos medios de comunicación, que han hecho eco de acusaciones sin el debido contraste de fuentes ni verificación de hechos. En 2008, The Washington Post acusó a Hugo Chávez de ser “aliado” de las FARC, y el diario El País replicó la noticia sin matices (El País, 2008). Un año después, cuando se estableció una línea aérea entre Caracas y Teherán para reforzar la conectividad entre Oriente Medio y América Latina sin pasar por Europa, surgieron especulaciones infundadas sobre el supuesto transporte de uranio destinado a la fabricación de una bomba atómica por parte de Irán. El diario español El Mundo publicó entonces el reportaje: “Los vuelos fantasma entre Teherán y Caracas” (López, 2009), plagado de especulaciones en las que se afirma que los servicios secretos europeos (un organismo que por cierto no existe) temían no solo el transporte de uranio, sino también la entrega de pasaportes venezolanos a funcionarios sirios e iraníes para eludir restricciones migratorias.
La prensa española se hace eco de las acusaciones más rocambolescas sin contrastar información ni fuentes, cuando se trata del gobierno de Venezuela. En 2015, el diario ABC publicó una entrevista titulada “Nicolás Maduro negoció con Hizbolá la presencia de sus milicianos en Venezuela” (Blasco, 2015b), en la que se afirmaban vínculos entre la milicia libanesa y el gobierno Bolivariano sin aportar ninguna prueba de ello.
Estos ejemplos ilustran cómo se ha construido, a través de discursos mediáticos y políticos, una imagen persistente de Venezuela como un estado canalla. La lista de casos es prácticamente interminable, pero en este análisis nos centraremos en dos de los más recientes y relevantes, construidos por el gobierno de Estados Unidos: el denominado Cartel de los Soles y la organización criminal Tren de Aragua.
Trump y la política migratoria con enfoque terrorista
Trump llegó al poder generando grandes expectativas en su electorado, al que prometió una política de fronteras cerradas y masivas deportaciones, en consonancia con su retórica xenófoba. Durante los gobiernos anteriores, incluida la primera presidencia de Trump, la estrategia hacia Venezuela se centró en asfixiar su economía mediante sanciones, bloqueo financiero y la expropiación de activos venezolanos en territorio estadounidense, como la empresa estatal CITGO, valorada en más de 13 millones dólares.
Al mismo, EE.UU. adoptó una postura relativamente “benevolente” hacia los migrantes venezolanos, quienes arribaron al país como resultado de las mismas políticas económicas de acoso contra el Gobierno Bolivariano. Se estima que aproximadamente 600 mil venezolanos en EE.UU. se beneficiaron del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) concedidos en los años 2021 y 2023 (BBC, 2025). Sin embargo, cerca de 350 mil de estos migrantes, regularizados en el 2023, se encuentran ahora en riesgo de deportación tras la decisión de la administración Trump de revocar dicha protección.
Para justificar este giro radical en las políticas migratorias hacia Venezuela, Trump declaró a la banda criminal Tren de Aragua como una amenaza contra los EE.UU. e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta medida permitió acelerar los procesos de deportación, eludiendo los mecanismos legales que pudieran retrasar los procesos de expulsión y que normalmente garantizan el debido proceso.
Casi de inmediato comenzaron a fletarse vuelos con ciudadanos venezolanos deportados. Entre febrero y principios de mayo, se registraron 21 vuelos en los que fueron expulsadas 4.200 personas. No obstante, estas medidas parecen responder más un show mediático que una política migratoria eficiente. A este ritmo se requerirían más de dos décadas para repatriar a los 350 mil venezolanos afectados por el retiro de la protección migratoria.
No obstante, para aquellos señalados de pertenecer al Tren de Aragua, no fue suficiente con su repatriación a Venezuela. Más de 250 personas fueron trasladadas en secreto al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), en El Salvador, sin orden judicial ni debido proceso.
Las condiciones de reclusión en el Cecot son extremadamente severas: los internos permanecen en aislamiento total, sin acceso a luz natural, visitas ni llamadas telefónicas. Su alimentación se limita a arroz y frijoles, duermen sobre planchas de hierro y están sometidos a vigilancia constante. Este centro alberga a los considerados pandilleros más peligrosos del país (Quesada, 2024).
Según el Instituto Cato, muchas de las personas enviadas a El Salvador se encontraban en situación migratoria regular en EE.UU.; otras habían ingresado legalmente y registraban antecedentes penales. No existe justificación legal clara para su deportación, siendo el único argumento esgrimido por las autorides estadounidenses la presencia de tatuajes considerados “sospechosos” (Bier, 2025).
Un rasgo común en todas estas deportaciones ha sido la falta de transparencia: no se ha proporcionado información detallada sobre los procedimientos ni los criterios empleados para seleccionar a los deportados. Lo que se sí se conoce es que el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, habría recibido 20 mil dólares por cada persona trasladada, en concepto de mantenimiento carcelario.
Lo más grave de este asunto es que, de los 238 deportados a El Salvador, la mayoría no había cometido crimen alguno, ni en EE.UU. ni en en el exterior, y el gobierno de Trump lo sabía. Solo 32 de los deportados habrían cometido algún tipo de delito en EE.UU. y, en su mayoría, sin violencia, como robo en tiendas o infracciones de tránsito, mientras que otros 20 arrestados o condenados fuera del país. Estas cifras, claramente insuficientes para justificar una política antimigratoria y antiterrorista de tal envergadura, contrastan con la narrativa oficial que presenta al Tren de Aragua como una amenaza organizada que, según Trump, estaría tratando de “invadir” EE.UU.
Hasta ahora se desconoce por cuánto tiempo permanecerán detenidos en la prisión de alta seguridad salvadoreña los más de 200 venezolanos que no han sido acusados de ningún delito. Las decisiones de Trump han encontrado poca resistencia, pese a saltarse a la torera todo el sistema judicial. Aquellos que se han atrevido a contradecir estas decisiones no han acabado bien. Tal fue el caso de Michael Collins, presidente del Consejo Nacional de Seguridad y, su adjunta, quienes fueron removidos de sus cargos después de publicar un informe que minimizaba la capacidad operativa del Tren de Aragua y que negaba su vinculación con el gobierno de Venezuela (Strobel, 2025).
El informe, divulgado gracias a una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), estableció que Maduro no estaría detrás de las actividades del Tren de Aragua, contradiciendo de manera frontal la narrativa de la administración estadounidense: “While Venezuela’s permissive envaironment enables Tren de Aragua to operate, the Maduro regime probably does not have a policy of cooperating with Tren de Aragua and is not directing Tren de Aragua movement to and operations to United States” (National Intelligence Council, 2025, 2).
Frente a la inacción de las instituciones estadounidenses, la principal resistencia a estas políticas ha provenido de los medios de comunicación, que han comenzado a cuestionar públicamente la narrativa oficial y las decisiones del Ejecutivo.
El mito de El Cartel de Soles: segunda Parte
En marzo de 2015, el gobierno de Barak Obama, mediante un decreto presidencial, declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Coincidiendo con esta medida, comenzó a circular en los medios la supuesta existencia de una organización dedicada al narcotráfico en Venezuela: el denominado “Cartel de los Soles”, presuntamente liderado por Nicolas Maduro y miembros de su gabinete.
La primicia sobre las actividades del Cartel de los Soles fue publicada por el diario español ABC en agosto de 2015, en una nota titulada: “El jefe de seguridad del número 2 chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico” (Blasco, 2015). El supuesto desertor, Leamsy Salazar fue presentado como testigo clave, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York abrió una investigación para llegar al fondo del asunto. Una década después no se sabe nada del desarrollo de la supuesta investigación. De lo que sí existe certeza es que el diario ABC ha colaborado directamente con los servicios secretos estadounidenses y la CIA, como señala Casado (2015) en la obra Antiperiodistas.
Las repercusiones mediáticas de esta primicia no se hicieron esperar. En los días siguientes, los principales diarios estadounidenses publicaron notas centradas en la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el tráfico de drogas. The Wall Street Journal sacó el reportaje “Funcionarios venezolanos, bajo sospecha de convertir el país en un centro global de la cocaína” (De Cordoba & Forero, 2015). En la misma línea, The New York Times publicó la nota “EE.UU. centra su amplia investigación sobre cocaína en altos oficiales venezolanos” (Schmidt, 2015). Como señala Casado (2017), pese a sus matices ideológicos, la prensa internacional manifiesta una línea homogénea cuando se trata de Venezuela. Estas noticias dieron paso a una fantástica fabula en torno a lo que sería el Cartel de los Soles. Desde entonces, artículos y reportajes han sido publicados de forma periódica, alimentando un relato que, hasta la fecha, carece de pruebas concluyentes, pero continúa siendo utilizado como herramienta de estigmatización política.
No obstante, la falta de pruebas concluyentes ha complicado la sostenibilidad del relato en torno al Cartel de los Soles, a pesar de que la cobertura sensacionalista sobre Venezuela siempre vende. Para dotar de mayor credibilidad a la prensa también se han involucrado en esta narrativa think-tanks estadounidenses como Insight Crime, que ha escrito gran cantidad de reportajes e informes sobre el asunto. En 2018 publicó su investigación “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” (Insight Crime, 2018), en la que se dedica un capítulo entero a la trama del Cartel de los Soles y a supuestos los vínculos entre altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y el narcotráfico:
Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína. Tenemos 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publicaremos la lista completa. En lugar de eso adjuntamos aquí algunos datos de aquelles contra quienes creemos tener evidencia muy sólida (p. 14)
La expectativa generada en torno al Cartel de los Soles distó mucho de la realidad. El informe que le dedica Insight Crime carece de sustento empírico: se basa en especulaciones, fuentes anónimas, testimonios reciclados de delatores de 2015 y notas de prensa del mismo año. En otras palabras, no se aporta información nueva ni verificable. Tras una década de cobertura mediática y supuestas investigaciones sobre el Cartel de los Soles, pareciera entonces que había llegado el momento de encontrar algún otro invento para alimentar la narrativa del estado mafioso de Venezuela. Es en este contexto que emergió el Tren de Aragua como el nuevo eje discursivo para vincular al gobierno de Nicolás Maduro con el crimen organizado.
El Tren de Aragua: la continuación del mito
La supuesta relación entre la organización criminal El Tren de Aragua, declarada como terrorista, y el gobierno de Nicolás Maduro, ha servido como fundamento de la decisión del gobierno de Donald Trump de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, la deportación masiva de venezolanos y las nuevas sanciones que buscan el estrangulamiento financiero de Venezuela. Pero ¿Qué hay de cierto y de fantasía de todo lo dicho sobre el Tren de Aragua?
Lo que sabemos a día de hoy es que el Tren de Aragua constituye una organización de crimen organizado transnacional de origen venezolano que ha cometido crímenes en una gran cantidad de países del hemisferio americano, desde Chile a EE.UU. Todas las fuentes coinciden en situar su nacimiento en un sindicato mafioso vinculado a la construcción de un tren que nunca se concluyó. Hacia 2010, varios de sus miembros fueron encarcelados en el centro penitenciario de Tocorón, donde los líderes de la banda consolidaron esta estructura organizativa. que ahora es señalada por Trump como terrorista.
La internacionalización de la banda se habría producido a partir de 2018, coincidiendo con el recrudecimiento de las sanciones económicas de los países Occidentales en contra de Venezuela y el éxodo masivo de sus ciudadanos. Desde la prisión de Tocorón, los líderes de la organización habrían dirigido operaciones en países como Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, centradas principalmente en la extorsión, aunque también se les atribuyen delitos como homicidios y secuestros.
En el año 2023, el gobierno venezolano intervino la cárcel de Tocorón con la intención de desmantelar la organización y retomar el control del centro penitenciario. De esta manera, el Estado recuperó el dominio de lo que hasta entonces había sido la guarida de la banda criminal. No obstante, algunos de los líderes de la banda lograron escapar, presumiblemente, abandonando el país ante la intensificación de la presión ejercida por las autoridades venezolanas.
Desde entonces, alrededor del Tren de Aragua hay mucho ruido y pocas nueces, ríos de tinta y mucha exposición política de una organización criminal de la que casi nada se sabe, más allá de ser dirigida por un delincuente llamado Niño Guerrero. Es más, hasta quienes más han escrito y especulado sobre la existencia de esta banda criminal, reconocen que su poder no se puede comparar a organizaciones criminales de las que sí tenemos certeza como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación (Zúñiga, 2025). El nivel de especulación y opacidad en torno al Tren de Aragua, nos recuerda mucho al relato del Cartel de los Soles, hasta el punto de preguntarnos si será también una banda criminal “fake”, completamente inventada para poder sustentar las narrativas más mezquinas en contra del gobierno de Venezuela.
La instrumentalización del mito del Tren de Aragua para atacar al gobierno de Venezuela, se puso de manifiesto en el caso del secuestro y asesinato en febrero de 2024 en Chile del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, que en vida se dedicó a conspirar contra Nicolás Maduro. Inmediatamente después del asesinato de Ojeda, la Fiscalía chilena inició una línea de investigación que señalaba la implicación de los servicios de inteligencia venezolanos en su muerte. Las investigaciones fueron filtradas a los medios y el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo pública su indignación, dando credibilidad a la versión especulativa de la Fiscalía que relacionaba al gobierno venezolano con el asesinato de Ojeda (Laborde, 2024). Esta narrativa fue secundada por otros actores políticos de la región, como la secretaria de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, quien llegó a decir “Estamos en alerta por los secuestros de la dictadura venezolana en el exterior” (Alandete, 2024). Pero la falta de pruebas hizo imposible que la Fiscalía chilena pudiera sostener su absurda historia y se vio obligada a matizarla. Aparecieron entonces las delaciones de los presuntos involucrados en el asesinato de Ojeda, uno de ellos habría hecho una revelación de nuevo filtrada a la prensa: “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él” (CHV Noticias, 2025). De nuevo se dieron las mismas declaraciones altisonantes de los mismos actores políticos, con las declaraciones del presidente Boric a la cabeza: “Si se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los Derechos Humanos” (Infobae, 2025). Los autores del crimen convertidos ahora en delatores, estarían confesando cualquier cosa que saben agradará a la Fiscalía, quizás con la esperanza o ya con un acuerdo, que les sirva para rebajar su condena. Estas delaciones no tienen asidero jurídico, pero sirven para seguir alimentando y construyendo el mito del Tren de Aragua, lo que nos hace poner en duda la existencia misma de la banda criminal.
De hecho, lo que es concluyente es que no existe evidencia concluyente sobre la relación entre el Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela. De hecho, esta supuesta relación ha sido desmentida por los servicios de inteligencia en EE.UU. (Savage & Barnes, 2025). Solo el FBI, en un informe de enero de 2025, afirmó la existencia de nexos entre el presidente Maduro y la organización criminal, sugiriendo que el mandatario venezolano habría intentado utilizarla como herramienta de desestabilización de los países en los que actúa (FBI, 2025). Contradicciones tan evidentes entre las distintas agencias de inteligencia develan la lucha de poder entre ellas y la cooptación del gobierno para su instrumentalización interesada.
La magnificación del Tren de Aragua ha sido la excusa utilizada por el gobierno de Trump para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a los ciudadanos venezolanos en territorio estadounidense. Si no fuera porque en la práctica miles de ciudadanos ya han sido deportados, el asunto parecería una más de las bravuconadas de Trump, pues esta ley data del siglo XVIII y solo se ha aplicado en tres ocasiones anteriores, todas ellas en contextos de guerra formal entre Estados Unidos y los países cuyos ciudadanos fueron masivamente deportados. De hecho, entre los requisitos para su aplicación se incluye que el país en cuestión se encuentre en guerra con EE.UU. o haya participado en una invasión o una incursión depredadora en territorio estadounidense. Ninguno de los requisitos se cumple.
El cambio de línea editorial de los medios de comunicación
Trump representa un cambio en la visión del mundo frente al entusiasmo globalizador que ha hegemonizado la geopolítica mundial liderada por EE.UU. desde la segunda mitad del siglo XX y que se radicalizó en las últimas cuatro décadas de euforia financiarista. El 48º presidente estadounidense pretende ahora volver a políticas proteccionistas que se consideraban ya historia. Para las élites económicas que han impulsado el libre comercio internacional, Trump es considerado una amenaza por el alto nivel de incertidumbre que genera a sus intereses.
Los medios de comunicación, con sus hilos siempre movidos por el statu quo, han sido una piedra en el zapato del dos veces presidente de EEUU. Las ocurrencias histriónicas, como comprar Groenlandia, hacerse con el Canal de Panamá o anexionarse Canadá, han sido encuadradas desde la estupefacción y el escándalo, fruto de un imperialismo peligroso. El abandono del apoyo a la Ucrania de Volodymyr Zelenskyy por parte de la administración estadounidense y en medio de la guerra, fue cubierto como un desplante por sus socios europeos, que fueron de nuevo golpeados cuando se les subieron los aranceles a sus productos importados por EE.UU. En consecuencia, los medios de comunicación de masas, incluidos los de derecha, no han tratado bien a Trump, a quien perciben como un sacudón al consenso de las élites.
Es sorprendente que por primera vez los grandes medios de comunicación internacionales -incluidos los españoles- han disentido con la administración estadounidense en la cobertura noticiosa relativa a Venezuela. Esto es precisamente lo que ha ocurrido respecto al Tren de Aragua. Pese a que el gobierno de Trump intentó una vez más azuzar los demonios del estado canalla dirigido por el presidente Maduro, los medios de comunicación han dado una versión más ajustada de la realidad y han preferido ser rigurosos en esta ocasión. De hecho, una consecuencia colateral de la llegada de Trump a la Casa Blanca es poner algo de sensatez en la cobertura de Venezuela. Algo que nunca ocurrió cuando se construyó la fábula del Cartel de los Soles, en aquella ocasión nadie discutió el relato de EE.UU., pese a lo rocambolesco de la historia.
Trump ha logrado fomentar la unanimidad de prensa española en su contra, desde el supuestamente socialdemócrata diario El País, próximo al Partido Socialista, a diarios conservadores afines al Partido Popular cómo El Mundo y ABC.
Solo diarios trumpistas y cercanos a Vox, como La Razón, continúan reproduciendo la narrativa de la Casa Blanca sin cuestionamientos, como antes hicieran el resto de los diarios cuando de criticar al gobierno Bolivariano se trataba. El periodista de La Razón, Jesús Zuloaga publicó -a la vieja usanza de editorializar la versión interesada de EE.UU.- el artículo titulado: “Maduro utiliza la banda Tren de Aragua para desestabilizar los Estados Unidos”, sin atribución ninguna de fuente y con el subtítulo: “Lo que se presenta como un grupo de pandilleros son, en realidad, gente entrenada por la inteligencia bolivariana” (Zuloaga, 2024).
Sorprendentemente, otros diarios como ABC cambiaron considerablemente el enfoque de las noticias sobre el Tren de Aragua. El 19 de marzo de 2025, a pocos días de la publicación del acta presidencial de Trump, en el diario ABC apareció la nota basada en las declaraciones del presidente venezolano: “El Tren de Aragua ‘es historia’ y ‘no existe’ en Venezuela, dice Maduro” (Efe, 2025). Un par de días después, el mismo diario ABC publicaba las declaraciones del Diosdado Cabello, en aquel momento ministro del Interior: “Venezuela dice que el Tren de Aragua es una narrativa de EE.UU. para ‘estigmatizar’ a migrantes” (Efe, 2025b). Pero, además, se contradicen las medidas migratorias de Trump cuando se les da voz a los familiares de los venezolanos deportados desde EE.UU. en el mismo diario ABC: “Venezolanos deportados a El Salvador ’no son ningunos delincuentes’, aseguran familiares” (Efe, 2025c).
Por su parte, el diario El Mundo adopta una posición parecida. Su periodista Daniel Lozano critica frontalmente la posición de Trump al señalar: “El Tren de Aragua: sangre en Sudamérica y exageración en EEUU” (Lozano, 2025).
No solamente hay una resistencia de los medios de comunicación a secundar la versión de Trump en torno al Tren de Aragua y su supuesta relación con el gobierno de Nicolás Maduro, sino que existe un elevado componente de ridiculización de la posición estadounidense.
Conclusiones
La declaración del gobierno de Donald Trump que califica al Tren de Aragua como una organización terrorista controlada por el gobierno de Nicolas Maduro y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para llevar a cabo la deportación masiva de venezolanos no ha recibido el respaldo de la prensa internacional.
Pese al aislamiento diplomático y cerco mediático sistemático al que ha sido sometida Venezuela desde el inicio de la Revolución Bolivariana hace 26 años, en esta ocasión la prensa internacional ha sido muy crítica frente a la medida impulsada por Trump. En primer lugar, la rationale en la que se fundamentó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros fue desmentida por los medios de comunicación que se han negado a actuar como simples altavoces de la administración estadounidense. En segundo lugar, el encuadre de la cobertura hacia la medida de Trump ha tenido un componente de ironía y ridiculización, recurso frecuente utilizado en contra del actual inquilino de la Casa Blanca.
Ahora que está Trump en el poder, nos encontramos con una cobertura mediática de mayor contraste y pluralidad de fuentes, lo que por primera vez se identifica en los estudios comunicacionales sobre Venezuela. La lucha por los sentidos no ha hecho más que empezar y el caso de El Tren de Aragua va a evolucionar rápidamente en los próximos meses. Veremos que puede más: el desprestigio contra Trump o el odio visceral contra Nicolás Maduro.
El rechazo que despierta Trump en la gran prensa parece ser mayor al que genera la Revolución Bolivariana, situación que surge como un escenario noticioso novedoso. Históricamente, las líneas seguidas por los medios de comunicación en torno a los gobiernos chavistas han sido siempre negativas y han repetido de forma irreflexiva la información generada desde fuentes interesadas y hostiles. En años recientes, los medios de comunicación llegaron a ser aliados de los servicios de inteligencia como la CIA o el Mossad.
El mayor rigor que está mostrando la prensa internacional al desmentir la intención de Trump de relacionar a El Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro muestra la manipulación a la que normalmente se encuentra sometida la cobertura noticiosa en torno a Venezuela. Si seguimos ciertas premisas lógicas, alcanzaremos conclusiones muy reveladoras. De esta forma, cabe preguntarse que si el relato de EE.UU. sobre Venezuela respecto al Tren de Aragua y su vinculación con el gobierno de Nicolás Maduro es mentira, eso quiere decir que también el relato sobre el Cartel de los Soles es mentira, pese a que los medios de comunicación siempre han apoyado este relato.
Referencias
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