En el año 2017 publicamos un trabajo referido al escándalo del “Cartel de los Soles”, que calificamos como “un nuevo invento para atacar a Venezuela” (Casado, 2017). El objetivo de nuestro trabajo desde el principio fue encontrar cualquier tipo de prueba, más allá de rumores, sospechas o especulaciones, que nos pudieran encaminar a probar la existencia del famoso “Cartel de los Soles” que tantos titulares de la reputada prensa internacional ocupaba.

Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y la falta de pruebas en aquella ocasión nos llevó a concluir que el cacareado “Cartel de los Soles”, tal y como lo retrataban los medios de comunicación, simplemente no existía.

El “Cartel de los Soles” sería una construcción cuyo objetivo fue y sigue siendo, retratar a Venezuela como un narcoestado, es decir, un Estado canalla con el que ni se puede ni se debe negociar nada. Aparejada a esta narrativa Nicolás Maduro no sería un presidente sino el capo del Cartel, y por lo tanto estaría desposeído del poder y legitimidad que tienen los jefes de Estado. Es más, Maduro no sería ya considerado como un dictador sino como un delincuente que, junto a su camarilla de secuaces, estaría enriqueciéndose gracias al negocio de la droga. En consecuencia, cualquier intervención para derrocar a un gobernante convertido en narco y acabar con la organización ilegal que gobernaría Venezuela, estaría justificada.

De hecho, con el pasar del tiempo este relato se ha ido fomentando e incrementando junto a la hostilidad del ultraconservador gobierno de Donald Trump, que ha obstaculizado cualquier tipo de acercamiento entre oposición y gobierno en Venezuela y sueña con una intervención armada en
el país y un desenlace como el de Manuel A. Noriega en Panamá en 1989.

Cuatro años después de nuestro primer estudio sobre el “Cartel de los Soles”, el objetivo sigue siendo el mismo, recabar las pruebas que demuestren su existencia. Pero más importante todavía es encontrar los nexos entre Nicolás Maduro y sus altos funcionarios con la organización
delictiva.

Los medios de comunicación y ciertas organizaciones interesadas no han dejado de publicar titulares altisonantes que tratan de posicionar a la República Bolivariana de Venezuela como un Estado canalla. Recientes informes y titulares afirman sin tapujos la relación del gobierno de
Venezuela con el narcotráfico: “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región” (Insight Crime, 2018)1; “Venezuela, puente del narcotráfico, se convierte también en productor”2 ; “Régimen de Venezuela llena sus bolsillos con dinero del narcotráfico”3; “Los papeles que explican el ‘narcotráfico de Estado’ en la Venezuela chavista”4.

La imposición a la opinión pública internacional de que efectivamente Venezuela es un narcoestado justificó que, en medio de la pandemia del coronavirus a finales de marzo de 2020, EE.UU. haya puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro por 15 millones de dólares.

Nuestra intención es dilucidar cuánto hay de cierto en estas acusaciones que para la prensa y ciertos actores políticos han sido siempre pruebas irrefutables, a pesar de la falta de fuentes rigurosas y estudios fiables.